La policía francesa tiene en su poder una lista de empresarios que pagan el 'impuesto revolucionario'

La policía francesa se ha incautado, en el curso de la operación contra la cúpula de ETA, de una lista de empresarios que han pagado o están pagando el llamado impuesto revolucionario. El hallazgo se considera muy importante para desbaratar las maltrechas fuentes de ingresos de la organización terrorista. Los máximos responsables policiales de Francia y España celebraron ayer en Madrid una cumbre para evaluar la última operación y fijar nuevos objetivos.

En el material incautado en papel y en disquetes de ordenador a los dirigentes de ETA figura una relación de empresarios que han cedido al chantaje denominado impuesto revolucionario. Esta ha sido, junto a los secuestros, una de las fórmulas de financiación de la organización. La importancia del hallazgo consiste, según fuentes oficiales, en que quien ha cedido al chantaje puede hacerlo ante una nueva amenaza. El impuesto adquiere habitualmente la forma de un seguro de vida. Tras una demanda inicial de ETA, la víctima, personalmente o a través de intermediarios, negocia una cantidad a la baja. Una vez fijada, es habitual pactar plazos.En teoría, los chantajistas garantizan que no molestarán más al empresario, "pero en la práctica pueden hacerlo", señalaron ayer fuentes policiales, "y más, si las finanzas se encuentran en un momento no muy boyante". El último secuestro de ETA fue el de Adolfo Villoslada, en noviembre de 1989. Villoslada fue liberado 84 días después y, según las investigaciones del juez Baltasar Garzón, negoció a posteriori una rebaja en los pagos aplazados.

La policía cree que no se ha producido ninguna nueva operación de este tipo porque exige una infraestructura muy segura, en previsión de una larga negociación, de la que ETA no dispone en la actualidad. La red del impuesto revolucionario ha sido uno de los puntos más vulnerables de la compleja estructura de la organización terrorista. La presión de la policía en el País Vasco francés -cuyo responsable en materia antiterrorista es el comisario Roger Boslé-, a medida que aumentaba la colaboración con la policía española y la Guardia Civil, dirigida por Luis Roldán, terminó con las colas de empresarios e intermediarios en cafés y bares conocidos de poblaciones fronterizas de Francia.

La red de cobradores se trasladó a España, como desmostró la desarticulación en enero del grupo dedicado a Guipúzcoa y Navarra por la Ertzaintza (policía autonómica). La Ertzaintza investiga actualmente otro grupo que opera en Álava y Vizcaya.

El cobro del impuesto es un frente decisivo para ETA, sobre todo desde que la reacción social contra el terrorismo en el País Vasco ha permitido a muchos empresarios negarse al chantaje. Entre la información intervenida por la policía francesa hay también direcciones de empresarios y comerciantes que se han resistido al chantaje, a los que se considera candidatos al envío de un paquete bomba.

Blanqueo de dinero

[Por otro lado, dos de los detenidos en la operación de Bidart, Dolores Ramírez y Gaxuxa Tuya, fueron puestas ayer en libertad bajo control judicial. El estudio de la documentación intervenida -equivalente a 20.000 folios- ha permitido, según informó ayer la cadena SER, atribuir al millonario Antoine Martin Harispe la misión de blanquear el dinero obtenido mediante los secuestros y el impuesto revolucionario.]

Los máximos responsables policiales de Francia y España, por otra parte, mantuvieron ayer un encuentro en el Ministerio del Interior, en Madrid. La reunión estaba prevista hace tiempo dentro del calendario habitual de contactos al más alto nivel. La cumbre sirvió, no obstante, para evaluar en profundidad la operación contra ETA en el País Vasco francés, estudiar su continuación y fijar nuevos objetivos.

La reunión cobró especial interés, según fuentes españolas, a causa de la sustitución del ministro del Interior, Philippe Marchand, por Paul Quilés. El nuevo ministro es un colaborador del presidente de la República, François Miterrand.