El Gobierno fuerza la dimisión de Torres y propone como fiscal del Estado a un candidato de Interior

El Gobierno aceptó ayer la dimisión de Leopoldo Torres Boursault como fiscal general del Estado. El motivo del cese es la reciente pugna entre el Consejo Fiscal, con Torres a la cabeza, y el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, quien devolvió al consejo un informe dirigido al presidente del Gobierno, que denunciaba las carencias de las fiscalías. El Gobierno propone como sustituto de Torres a un hombre de Interior, el magistrado Eligio Hernández -ex delegado del Gobierno en Canarias-, quien, según fuentes jurídicas, no ha cumplido los 15 años de "ejercicio efectivo de su profesión" que exige la ley.

Al término del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Rosa Conde, manifestó que era el "momento adecuado" para aceptar la dimisión del fiscal general del Estado, presentada dos veces: una, hace un año, al tomar posesión el nuevo ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, y la segunda, hace dos o tres semanas, y dirigida al presidente del Gobierno, Felipe González, informa Luis R. Aizpeolea.

Aunque esa segunda dimisión coincide con el conflicto entre el Consejo Fiscal y el Ejecutivo, la ministra aseguró que "no hay ninguna relación" con el cese de Torres, cuya gestión evalua el Gobierno como "extremadamente positiva", según Conde.

Respecto a la sustitución de Torres por Eligio Hernández, el informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -del que Hernández forma parte- se producirá el miércoles próximo. El presidente del CGPJ, Pascual Sala, expresó su satisfacción por la propuesta, según Europa Press. Otras fuentes del CGPJ coincidieron con algunos fiscales en que Hernández no cumple el requisito del artículo 29.1 del Estatuto del Ministerio Fiscal, según el cual el fiscal general del Estado será designado "entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión".

La decisión gubernamental se produjo al día siguiente de que Torres calificara de "intoxicaciones" las noticias que circulaban tanto sobre su dimisión como sobre su relevo. Según fuentes fiscales, Torres -que el jueves almorzó con un ministro- confiaba en que su dimisión no fuera .aceptada por el Gobierno, y de ahí su negativa a informar sobre ella, aunque insistió en que seguían sin resolver "los temas conflictivos pendientes con el Gobierno". A primera hora de la mañana de ayer, Torres manifestó a un fiscal: "Puede haber sorpresas", refiriéndose a la reunión que a esas horas iniciaba el Gobierno. Más tarde, en el aeropuerto de Barajas, Torres aseguró estar "pendiente de la referencia del Consejo de Ministros".

Falta de "capacidades"

En cambio, una vez conocida la decisión gubernamental, Torres dijo ayer en Málaga que agradecía al presidente del Gobierno, Felipe González, que hubiese aceptado "la petición de cese que le formulé el mismo día en que llegué a la conclusión", dijo, "de que no tenía las capacidades suficientes para resolver los problemas pendientes en el Ministerio Fiscal". Torres afirmó que pidió el relevo por "honestidad", al considerar que en estos momentos "debía dar lugar a que otra persona asumiera esta responsabilidad", informa José Manuel Atencia desde Torremolinos (Málaga), en donde el todavia fiscal general se reunió ayer con los fiscales jefes de Andalucía.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) calificó la aceptación de la dimisión del fiscal general del Estado como "lamentable e inútil", si tiene como motivo el hecho de que Torres ha "asumido y defendido las reivindicaciones de la carrera fiscal". Para la UPF, el relevo es lamentable, en cuanto pueda suponer un intento de cercenar la legítima y necesaria autonomía del ministerio fiscal, e inútil, por cuanto que ni la carrera fiscal en general ni la UPF en particular piensan ceder un ápice en las reivindicaciones ya conocidas, por ser condiciones mínimas para su adecuado funcionamiento".

La UPF expresa el "tajante rechazo de bastardos intereses sectarios o partidistas que traten de instrumentalizar el ministerio fiscal, impidiendo o limitando su función de defensa de la legalidad y de los derechos ciudadanos". En esa línea, en la fiscalía general del Estado fue recibido con "preocupación" el relevo de Torres, incluida la forma de confirmarlo, cuando el fiscal general emprendía un viaje oficial y cuando se encuentra pendiente la sustitución de otros cargos de la fiscalía general, entre ellos el del teniente fiscal del Supremo, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que se.jubila el miércoles próximo, informa Julio M. Lázaro.

Por su parte, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, manifestó que el cese del fiscal general "culmina de manera grave y preocupante un largo periodo de acoso y menosprecio hacia el ministerio fiscal por parte del Ministerio de Justicia, y desde ahora, del Gobierno en pleno". Expresó su respeto por "la cabal interpretación" del papel institucional de Leopoldo Torres "en este caso concreto ( ... ), lo que evidencia la irracionalidad del cese".

La asociación considera que con el cese de Torres "el Gobierno rechaza públicamente el contenido del informe" sobre la situación de los Fiscales, actitud "que no hace sino poner al descubierto el indudable propósito de reducir al ministerio fiscal a una disciplinada obediencia jerárquica a sus intereses de Gobierno, lo que choca frontalmente con la Constitución y el Estatuto orgánico".

Nostalgia del Parlamento

Leopoldo Torres confiaba, hace tan sólo tres semanas, en continuar en su puesto hasta el término de la legislatura, "ni un día más, ni un día menos", informa Juan G. Ibáñez. Concluido el periodo de mandato de este Gobierno, que fue el que le nombró, Torres aspiraba a volver como parlamentario al Congreso. En conversaciones privadas, Torres comentó que el Gobierno estaba cometiendo un error estratégico con los fiscales y reveló que cuando veía el Parlamento experimentaba una sensación similar a la del personaje extraterrestre de la película ET, que decía: "Mi caaasa ", añorando su mundo.

Izquierda Unida presentó ayer en el Congreso de los Diputados una pregunta para que el Gobierno explique en el pleno de la próxima semana las razones del relevo.

Por otra parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Loyola de Palacio, dijo que su partido "ha dejado tranquilo al ministro de Justicia para que aprendiese sus responsabilidades, pero en estos últimos meses viene pisando todos los callos posibles; el enfrentamiento con los fiscales es peligroso e indicador de que las cosas no marchan bien", informa Camilo Valdecantos.