Fuga alarmante

NADA RIDICULIZA y pone en cuestión el fundamento mismo del sistema carcelario como una fuga. De ahí que cada vez que un preso quebranta una condena o elude un proceso escabulléndose a través de algún resquicio no suficientemente vigilado del recinto penitenciario la alarma social se manifieste y surjan dudas sobre las condiciones de seguridad del sistema carcelario en su conjunto.Sucedió en noviembre pasado con la fuga de dos presos peligrosos de la cárcel de Huesca, aunque un mes después fueran capturados; ha seguido sucediendo en los meses siguientes con las fugas ocurridas en las cárceles de Burgos (cuatro reclusos en dos ocasiones); de Cáceres 1 (tres reclusos); de Quatre Camins (uno), en Barcelona, y de Tarragona (dos reclusos). Y sucede ahora con la huida de la cárcel de Granada del destacado miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) Fernando Silva Sande.

Pero, sin duda, esta última fuga tiene connotaciones especiales. Se trata de un activista histórico de una organización terrorista, participante en los secuestros de Antonio Maria de Oriol y Urquijo y del teniente general Villaescusa en plena transición democrática -diciembre de 1976- y presunto autor de varios asesinatos de policías y militares. Es lógico que la alarma social se agudice ante un caso así, por más que la organización terrorista a la que pertenece el fugado se encuentre prácticamente en estado de extinción. También es alarmante la forma en que se ha producido la fuga, propia de los tebeos: abriendo el recluso un boquete en la celda de aislamiento en que se hallaba y deslizándose desde el patio al exterior de la cárcel con la ayuda de una sábana.

Es de esperar una cumplida información de lo ocurrido por parte de los inspectores enviados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a analizar los hechos y que se exijan las responsabilidades a que haya lugar. No tiene fácil explicación que el preso fugado haya podido abrir un boquete en su celda, taparlo temporalmente sin que ningún funcionario se apercibiera de ello y que se descolgara limpiamente al exterior sin que la Guardia Civil le diera el alto.

Las fugas de reclusos, sean limpias o violentas (con secuestro o amenazas a funcionarios), o se limiten al quebrantamiento de condena de quienes no retoman a la prisión tras un permiso de fin de semana, apuntan a graves deficiencias del entramado de la seguridad: bien negligencia funcionarial o burocratismo del sistema carcelario (equipos técnicos, juntas de tratamiento y jueces de vigilancia), bien escasez de personal y de medios electrónicos, o bien todo a la vez. El problema no estriba en que estadísticamente no sean abrumadoras, como sostiene el ministro de Justicia. El problema radica en que son socialmente alarmantes. Alguien, en el ámbito político, es responsable y debería responder de ellas.