Millón y medio de funcionarios, excluidos de la Ley de Salud Laboral

El Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP) ha introducido una serie de modificaciones en el texto sobre el que se basará la futura Ley de Salud Laboral, de tal manera que los puntos más importantes no afectarán a millón y medio de funcionarios.

El Ministerio de Trabajo logré consensuar en enero un documento con los agentes sociales sobre la futura Ley de Salud Laboral. Después, el texto se remitió al MAP, donde han introducido una disposición adicional en la que se establecen los artículos o párrafos que no afectarían, a su juicio, a los funcionarios porque no tendrán condición de "bases del régimen estatutario". Este documento se encuentra en la actualidad en el Consejo de Estado.Según la disposición adicional sexta, el MAP no considera "básicos", entre otros, los artículos 7 y 39. Por tanto, no actuarían sobre los funcionarios ni el Instituto de Seguridad e Higiene ni la Inspección de Trabajo, que no podría ni inspeccionar ni sancionar. Con lo cual, en los centros de la Administración donde conviven funcionarios y personal laboral, a los primeros sólo les afectarían determinados puntos mientras que a los segundos les afectaría el 100% del texto.

Delegados de prevención

Otro de los puntos que se fijaron entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales es la obligación de introducir en las empresas un servicio de prevención y la creación del delegado de prevención. Según las modificaciones del MAP, esta norma imperativa no pesaría sobre la Administración y sería sólo una iniciativa voluntaria.Los funcionarios pertenecen al régimen de clases pasivas. Si saliera adelante la iniciativa del MAP, los que estén en este régimen no podrán tener derecho a indemnizaciones ni recargos de prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se establecerían cuando entre en vigor la nueva norma. Tampoco les afectaría la normativa que atañe a la prevención de riesgos laborales sobre aspectos concretos (artículo 5).

El texto sobre el que se basará el borrador de la ley de salud laboral establece la obligación de crear los servicios de prevención que no afectaría a los funcionarios de forma imperativa, sino que su creación será de caracter voluntario. También se de aría al arbitrio de cada Administración la creación o no del Comité de Salud y Seguridad que fija la ley.

Además, los delegados de prevención tampoco podrían proponer la adopción de medidas preventivas en el comité de salud ni podrán acudir a la autoridad laboral si la Administración no paraliza la actividad ante riesgo inminente, como podrá hacer el resto de los trabajadores.

La directiva marco de la CE sobre salud laboral y seguridad equipara el concepto de empresario y Administración y el de trabajador con el de funcionario. Los sindicatos consideran que esta iniciativa del MAP rompe la equiparación y coloca a la Administración en un plano superior al de los empresarios y resto de trabajadores.