El Gobierno regional se opone a la macrocárcel de Soto del Real

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no aceptará la instalación de un centro penitenciario para más de 2.000 reclusos en el municipio de Soto del Real, según señaló ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Jaime Lissavetzky. "Es difícil que el Ministerio de Justicia insista en construir la macrocárcel si la Comunidad de Madrid no está de acuerdo", precisó el portavoz.Como ya indicó el pasado martes en la Asamblea de Madrid el consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, la Comunidad sólo ha autorizado la instalación de una cárcel de mujeres, con capacidad para 335 reclusas, en Soto del Real.

Esta autorización fue concedida a Justicia en mayo de 1989. Sin embargo, el ministerio presentó posteriormente en el Ayuntamiento de Soto un proyecto que multiplicaba por seis el tamaño original del penal.

Lissavetzky anunció que el Gobierno regional está dispuesto a "dialogar" con Justicia. En su opinión, el proyecto de macrocárcel no supone "una vulneración de competencias, pues no ha habido una comunicación oficial a la Comunidad, sino un problema de diálogo político".

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