Los socialistas "olvidan" que sigue pendiente renovar el Constitucional

La renovación de cinco miembros del Tribunal Constitucional -que debía haberse producido antes del 22 de febrero último "está parada", según ha reconocido el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval. Otros dirigentes de su grupo confesaron haberla "olvidado". Salvada, a nivel interno del alto tribunal, la dificultad de prorrogar el mandato de su presidente, Francisco Tomás y Valiente, los socialistas no parecen tener prisa tras la renuncia al reparto por cuotas partidarias.

, Martín Toval recordó a este periódico que la renovación del Tribunal Constitucional requiere en el Congreso " 210 votos y nuestro grupo cuenta con 175". Preguntado sobre los contactos habidos para alcanzar la mayoría sin utilizar el sistema de cuotas, Martín Toval contestó tajante: "Eso está parado". Otros dirigentes del Grupo Socialista han confesado en privado que se habían "olvidado" de que está pendiente la renovación del alto tribunal, mientras desde fuentes gubernamentales se asegura que "la pelota está ahora en el grupo parlamentario".La Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas, con más de 2.000 juristas de toda España, se ha sumado a la preocupación de otros sectores jurídicos, al exigir la difusión de los candidatos para contrastar sus méritos.

Los últimos candidatos socialistas firmes son Francisco Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho y director del Centro de Estudios Constitucionales; y Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal y director general del Servicio Jurídico del Estado. En fuentes jurídicas se considera a ambos candidatos excesivamente adscritos al Gobierno y se recuerda que recientemente fueron desechados los catedráticos Juan Luis de la Vallina -por diputado del PP- y Pedro de Vega, por vinculado al PSOE.

Un penalista

La defensa de la candidatura de Quintero por la conveniencia de que haya un penalista en el alto tribunal ha sido contestada desde tales sectores con la candidatura del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que suma a la condición de penalista prestigioso e independiente la de fiscal, presencia aún inédita en el Constitucional, a pesar de ser una de las profesiones que el artículo 159 de la Carta Magna cita como aptas para acceder al alto tribunal. Desde otros sectores, incluso del Gobierno, se considera con capacidad para suscitar el consenso parlamentario al constitucionalista Manuel Jiménez de Parga, presidente de la asociación que agrupa a estos catedráticos y al ex ministro de Justicia de la etapa constituyente Landelino Lavilla.

En cambio, el candidato propuesto por CiU, Carles Viver, catedrático de Derecho Constitucional, decano de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y experto en autonomías, ha sido objetado por el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

Por el momento, la negociación está parada. La decisión interna del alto tribunal de que no sólo los magistrados, sino toda la estructura actual, continúe en funciones, ha tranquilizado a los negociadores parlamentarios que, en principio, aplazaron la elección para después de los comicios autonómicos catalanes; ahora la han retrasado para después del debate sobre el estado de la nación, y ni siquiera figura como punto del orden del día provisional del pleno del Congreso de los Diputados que comienza el martes, 31 de marzo.