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Tribuna:

Los colegios de abogados, baluartes de la libertad

El rechazo que ha provocado en la abogacía española el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita obedece, afirma el autor, a que el Ministerio de Justicia se ha desviado del propósito acordado con el Consejo General de la Abogacía en el protocolo de 1990 y pretende crear una oficina jurídica de pobres y detenidos, bajo su control, que compromete la independencia de los abogados.

"Si es una verdad decir: ganarás el pan con el sudor de tu frente, no lo es menos añadir también: solamente luchando alcanzarás tu derecho"Viene esta reflexión del gran romanista R. von Ihering a cuento del rechazo que ha provocado en la abogacía española el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Excitante polémica entre los abogados, que defienden su independencia, y el Ministerio de Justicia, órgano a través del cual el Gobierno expresa y realiza sus ideales del Derecho, la razón y la equidad. Lo que, en el fondo, se ventila aquí es el respeto de los derechos de los ciudadanos y una calidad en la defensa de esos derechos, respecto de la cual los colegios de abogados ofrecen su experiencia de cuatro siglos de vela y perfeccionamiento técnico y ético del arte de abogar.

Viejo derecho

El asunto es como sigue: los pobres tienen derecho a ser defendidos gratuitamente en los. pleitos que tuvieran: "Por amor a Dios", decían las partidas. Y por amor a Dios y a las tradiciones de su oficio, parejas en nobleza con la función social que ejercen, los abogados han prestado gratuitamente su patrocinio. Y a mucha honra. Y sus colegios lo organizan y controlan. Se llama a este servicio: turno de oficio.

La Constitución de 1978 reconoce este viejo derecho y garantiza, como novedad en nuestras leyes, la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. De organizar y controlar esta nueva prestación se encargaron también, como era natural, los colegios de abogados. Y el Ministerio de Justicia contribuyó con una subvención merced a la cual se ha podido dar, a modo de honorarios simbólicos, a los abogados de oficio 6.000 pesetas por cada acto de asistencia al detenido, y 11.000 pesetas, por la dirección de cada pleito.

Así las cosas, el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio de Justicia se pusieron de acuerdo para mejorar este sistema, depurar sus vicios (los falsos pobres, por ejemplo) y aumentar la subvención, dejando sus intenciones firmadas en un protocolo, que lleva fecha de 1990.

El paso siguiente ha sido el anteproyecto de marras, el cual ha levantado la protesta airada de todos los colegios de abogados de España y el reproche de la Unión Judicial Independiente, de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la Asociación Francisco de Vitoria, que ven en él un claro ejemplo de autoritarismo político y de intervención administrativa.

Protestas

¿Por qué estas reacciones? Porque el ministerio se ha desviado del propósito acordado, y ahora pretende crear un engendro u oficina jurídica de abogados de pobres y detenidos bajo su control; la cual nunca podría participar del espíritu. de los colegios, del alma de la toga, esencia destilada en el alambique de una larga historia, porque las oficinas no tienen alma.

Protestan los abogados porque el anteproyecto compromete la libertad y la independencia del defensor de oficio, que tendría que desempeñar el deslucido papel o papelón de defender al particular en los contencioso administrativos contra la misma Administración que le paga y puede dejar de pagarle. Protestan también por el procedimiento, que es torticero y pretende hurtar al Parlamento el meollo de la cuestión, mediante una norma en blanco, es decir, una ley que remite al reglamento (el cual desarrollaría el Gobierno) los puntos claves de su objeto tales: cómo se ingresa en esa oficina de abogados-funcionarios, cómo se va a organizar el servicio, cuáles son los derechos de los nuevos abogados servidores de la Administración, cómo se va a ejercer la potestad disciplinaria. Lo único que aparece claro en el anteproyecto es que el ministerio no quiere confiar a los colegios de abogados y de procuradores el servicio de asistencia gratuita. Protestan por lo que consideran una nueva carga de profundidad contra los colegios profesionales, "que están detrás de los abogados", como dice Pedrol, "asegurándoles su independencia, robusteciendo su libertad de actuación para enfrentarse con quien sea en defensa de los derechos de los ciudadanos".

Rectificar a tiempo

Nadie puede discutirle al Ministerio de Justicia su derecho, que es también obligación, de hacer un seguimiento atento de este servicio, pero no puede hacerlo como el anteproyecto quiere. .

Creo que, en esta ocasión, el ministerio se ha equivocado. Nadie está libre de equivocaciones. Lo que califica a los humanos es su capacidad de rectificar a tiempo.

Y a tiempo se está para volver a lo acordado en el protocolo referido entre la abogacía y el Ministerio de Justicia y desarrollarlo apropiadamente en provecho del pobre y del detenido, de la abogacía y de la Administración de justicia. Y para ello no hay necesidad de poner en riesgo la libertad y la independencia de los abogados, que son bienes intocables de los regímenes democráticos, a cuya guarda y custodia no podrán renunciar nunca sus colegios profesionales.

Pedro Crespo de Lara es abogado y secretario general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de marzo de 1992

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