El fiscal reclama penas de prisión para dos militantes del PP por fraude electoral

La fiscalía de la Audiencia de Palencia solicita sendas penas de nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación para dos militantes del PP, Rosario Antolín Santos y María Luisa Nebreda Solozano, por un delito electoral en los votos por correo gestionados por su partido. Se trata de las primeras conclusiones de un fiscal en los procesos abiertos en varias provincias por el supuesto fraude cometido en sedes del Partido Popular en las pasadas elecciones municipales. El concejal número 10 de Palencia fue adjudicado al PP por un resto de cinco votos sobre IU. Finalmente, fue elegido un alcalde del PSOE merced a un acuerdo con el CDS. La presidencia de la Diputación se dirimió por 14 votos.

Las presuntas irregularidades se cometieron en las elecciones de la primavera del año pasado, tras las cuales varias juntas electorales, entre ellas las de Salamanca y Madrid, descubrieron irregularidades en los votos por correo. Una vez presentado el escrito de acusación por la fiscalía de Palencia, el juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral.La acusación se centra en las dos personas encargadas de tramitar los votos por correo en la sede del Partido Popular de Palencia, sin que conste la implicación de sus superiores. Ambas inculpadas, según el fiscal, se pusieron en contacto con médicos y notarios para hacer los trámites del voto por correo de personas imposibilitadas, muchas de ellas residentes en cuatro geriátricos de Palencia.

La visita, en algunos casos, estaba precedida de una carta dirigida por el presidente del PP en Palencia -que también desempeña el cargo de presidente de la Diputación- a las religiosas que regentaban los centros. Entre los documentos con que cuentan los jueces figura la carta enviada a la madre superiora de la Comunidad de las Cruzadas de la Verdad (reproducida por EL PAÍS el pasado 14 de junio).

En ese documento, con membrete de la sede del PP en Palencia, se decía: "Una vez más, me pongo en contacto con usted con motivo de la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas, el próximo 26 de mayo. Con el fin de colaborar con ustedes para la realización del voto por correo de las personas mayores que no puedan desplazarse ese día al colegio electoral, las señoritas Charo y Marisa tramitarán los documentos necesarios para que puedan ejercer ese derecho. Gracias por su amistad y colaboración".

Efectivamente, las señoritas Charo y Marisa (Rosario Antolín Santos y María Luisa Nebreda Solozano), se desplazaron a ése y otros conventos de la provincia, así como a asilos y hospitales, y allí ayudaron a los ancianos a rellenar sus solicitudes de voto por correo.

Electores sustituidos

La ley electoral permite que las personas impedidas deleguen el trámite en otro ciudadano (aunque no permite la delegación del voto). En la casilla correspondiente al lugar adonde deseaban que les enviaran las papeletas para elegir, no se escribió la dirección del convento o del asilo, sino la dirección del PP en Palencia (calle de Zorrilla, número 1). Y allí fueron remitidas. Por tanto, según las denuncias presentadas en su día, los electores fueron sustituidos por militantes del PP en el ejercicio del voto.La función del notario era la de autentificar las firmas. Uno de los notarios de la provincia (véase EL PAS del 15 de junio) fue requerido también para trasladarse al Hospital Psiquiátrico y legitimar con su firma el trámite de las personas ingresadas allí. El fedatario público declinó tal invitación por considerarla poco ética, aunque legal.

El escrito de acusación sostiene que, a partir de la visita de las militantes del PP, los electores desconocían qué ocurría con sus votos. Los certificados no les llegaron porque eran remitidos a la sede del PP, donde las dos inculpadas votaban en lugar de los verdaderos electores. Según la fiscalía, esto ocurrió con cerca de 200 sufragios. Algunas de esas irregularidades se descubrieron el día de las elecciones, ya que algunos de los electores se desplazaron para votar y se encontraron con la sorpresa de que alguien lo había hecho por ellos.

Una investigación similar a la de Palencia se realizó en Salamanca, pero el juez consideró que, aun dándose irregularidades, no se podía establecer la intencionalidad ni el autor. También se abrieron investigaciones en otras provincias, como Guadalajara, Segovia, Ávila y Madrid. Asimismo, el Tribunal Superior de Galicia dictaminó que se habían producido irregularidades en el voto por correo en aquella comunidad, pero indicó que en ningún caso alteraban los resultados electorales.