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Los sindicatos se oponen al plan del PP de privatizar la seguridad de las cárceles

Los sindicatos mayoritarios de prisiones se han opuesto totalmente a que la seguridad de las mismas se conceda a empresas privadas, y además rechazan las acusaciones de Rogelio Baón, diputado del PP, que dijo que los funcionarios permiten el consumo de drogas porque eso relaja a los delincuentes. Fuentes penitenciarias sostienen que en 1990 fueron interceptados más de 32 kilos de estupefacientes destinados a reclusos.

UGT, CC OO y CSIF mostraron ayer su oposición frontal a que la vigilancia y la administración de las prisiones deje de ser competencia de la Guardia Civil y pase a manos de empresas privadas, posibilidad defendida el lunes por Baón en el Parlamento. "El Estado es quien castiga las conductas criminales y debe de ser el Estado quien controle la ejecución de las mismas. Si esto estuviera en manos particulares, podría haber abusos y discrecionalidad en su aplicación", declaró un portavoz de CC OO. "Lo único que buscarían estas empresas sería hacer negocio a costa de que los internos llegaran a ser esclavos", agregó un dirigente de CSIF.Rogello Baón, portavoz del PP en la comisión de Justicia e Interior del Congreso, opinó el pasado lunes que los funcionarios de las cárceles toleran el tráfico de drogas porque así es más fácil gobernar estos centros. Los tres sindicatos citados niegan tajantemente- esta acusación. Un dirigente de CC OO asegura: "Si no hubiera droga en las prisiones, la vida en ellas sería mucho más tranquila. No hay nadie que pueda creer que nosotros favorecemos su consumo entre los internos. La droga genera más conflictos que los que evita".

Los representantes sindicales criticaron al diputado por "hablar sin tener pruebas". Según datos de Instituciones Penitenciarias, en 1990 se interceptaron casi 1.500 alijos con un peso global de 32.662 gramos. UGT asegura que los funcionarios "están en alerta pernianente" contra la droga. CC OO "tiene noticias, pero no pruebas" de la deuda de 6.000 millones de pesetas contraída con los pequeños distribuidores por Instituciones Penitenciarias, el departamento que dirige Antoni Asunción, como denunció Baón.

Por otra parte, el Gobierno británico ha encargado a unaempresa privada la seguridad de la cárcel de la región de Humberside, cuya inauguración está prevista para abril, informa Reuter. La oposición política está en contra por considerarlo "una abdicación" de las tareas del Ejecutivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de marzo de 1992

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