Ayuntamiento y Comunidad rompen su pacto de paz

El malestar ciudadano de la calle y de los atiborrados andenes del metro se ha trasladado a las instituciones y a los partidos. El PSOE y el Partido Popular, que gobiernan, respectivamente, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, han comenzado a lanzarse acusaciones. Se ha roto el pacto de no agresión, respetado por estos representantes políticos durante los primeros 25 días de conflicto en la EMT y los siete que se cumplen hoy en el Metro.

El presidente del PP, José María Aznar, dio el banderazo de salida al acusar al Gobierno central de "decir que va a ayudar al Ayuntamiento cuando echa leña al fuego de manera irresponsable". El presidente regional popular, Luis Eduardo Cortés, arremetió ayer contra los ejecutivos central y autonómico, ambos socialistas, por adoptar una política de "brazos caídos" frente a las huelgas en el transporte público."El Consorcio Regional de Transportes no ha sabido actuar para paliar los efectos de los paros simultáneos en el metro y en los autobuses sobre más de cuatro millones de ciudadanos", dijo Cortés. "La carta que ha enviado el alcalde a Leguina para que se adopten medidas excepcionales frente a la huelga no ha tenido respuesta", criticó Cortés.

Julián Revenga, el máximo responsable del consorcio y consejero de Transportes, considera esta acusación "una frivolidad que pone de manifiesto la ineflcacia municipal". "El Ayuntamiento, que es propietario del 100% de la EMT y del 75% del metro, debe señalar los servicios mínimos. El Consorcio los fija y el Ayuntamiento es responsable de su cumplimiento, incluso con expedientes y sanciones", recordó Revenga.

El alcalde se declaró ayer "ciudadano cabreado" y se mostró favorable a inscribirse en una asociación que con este lema se ha montado en Madrid: "En un lugar privilegiado porque estoy más enfadado que nadie", puntualizó. El alcalde declaró: "Ojalá yo pudiese dictaminar sobre los servicios mínimos".

El alcalde, que el día anterior había reclamado del Consorcio el aumento de los servicios mínimos en la EMT hasta el 100% cuando coincidan con los del metro, ayer demandó calma. "Hay que actuar de modo conjunto. No se trata de imputar culpas sino de adoptar posturas firmes".

Su compañero Cortés no tiene la misma opinión. La pasividad "absolutamente intolerable" del Gobierno regional contrasta con la actitud del Ayuntamiento que "ha hecho todo lo que tenía que hacer: poner todos los taxis en circulación, sacar toda su policía a la calle y pedir medidas extraordinarias", comentó.

Debate en el Congreso

El ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, negó ayer en el Congreso, con tono irritado, que el Gobierno esté prestando apoyo a la situación creada por las huelgas de transporte en Madrid, como medio de acoso hacia el gobierno municipal del PP, informa Camilo Valdecantos.

La diputada popular Celia Villalobos, que preguntó por la fecha en que el Gobierno abordará el proyecto de ley de huelga, insinuó que ante los conflictos planteados en Madrid el ejecutivo había permanecido impasible y no había adoptado ninguna medida legal.

Leguina recordó que "la Comunidad tiene competencia en la ordenación del transporte madrileño, pero la EMT es de titularidad municipal y el Ayuntamiento posee el 75% del Metro".

A juicio de Leguina "se puede llegar a un acuerdo en el Metro, porque lo que se discute es el convenio colectivo". "La huelga de la EMT se produce por unos despidos, a mi modo de ver justísimos. Creo que el Ayuntamiento debe buscar una salida [al conflicto] a largo plazo con los grandes sindicatos", comentó.

Mientras, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Prisciliano Castro solicitó ayer al alcalde y al presidente Leguina que los abonos de febrero tengan validez el próximo mes. Álvarez del Manzano apoyó esta petición.