La Comisión de Valores abre expediente sancionador por falta muy grave a Ibercorp Bolsa

Luis Carlos Croissier, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), anunció ayer en el Congreso de los Diputados la incoación de dos expedientes sancionadores contra Ibercorp Sociedad de Valores y Bolsa por actuaciones tipificadas como faltas muy grave y grave, por negativa o resistencia a la labor inspectora de la comisión en la averiguación del llamado caso Ibercorp. La oposición denunció la falta de control sobre el mercado bursátil, pero exculpó de responsabilidad al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, al que se había implicado en el caso, y quien en su comparecencia dijo: "Lo último que quisiera es dañar algo [por el Banco de España] a lo que yo he contribuido con todo mi esfuerzo".

El tono increpante que dominó las intervenciones de la oposición ante Croissier fue sustituido por uno más distendido cuando pidieron explicaciones a Mariano Rubio. El presidente de la comisión tuvo que hacer frente a una amplia batería de acusaciones -falta de controles en Bolsa, retraso en su actuación-. Cuando le tocó el turno a Rubio, sus señorías aflojaron y, tras reconocer que había actuado "legal y legítimamente", comprobaron que, tras su explicación, sus acusaciones de uso de información privilegiada se diluyeron notablemente.Rubio dijo que había encomendado a Manuel de la Concha, presidente de Ibercorp, la gestión de su cartera en 1965 con orden de que no comprara títulos bancarios y de que no le notificara las compras y ventas. "La oposición reconoció además la honorabilidad del gobernador y su buena gestión al frente del banco. Todo lo más, Ramón Espasa (IU) dijo que por razón del cargo debería pedírsele "un plus de ética, elegancia y democracia".

Al final, el gobernador se hizo con la situación y explicó a los diputados el avance de la solvencia del sistema financiero español en los últimos años, que, en su opinión, está sometido al control más riguroso de toda Europa, por lo que su credibilidad no peligraba.

Croissier y Rubio comparecieron ayer en el Congreso a petición del Centro Democrático y Social, el Partido Popular e Izquierda Unida. El presidente de la CNMV explicó que la continúa sus investigaciones para aclarar otras posibles irregularidades efectuadas por parte de Ibercorp sobre la utilización de autocartera, manipulación de la cotización de Sistemas Financieros o el uso de información privilegiada. Fuentes de Ibercorp, por su parte, rechazaron ayer las imputaciones de resistencia a la actuación inspectora de la CNMV y al incumplimiento de plazos en la remisión de documentos".

Croissier inició su exposición con una explicación detallada de las actuaciones llevadas a cabo por el organismo que él preside ante las supuestas actuaciones irregulares de Ibercorp por la venta masiva de acciones de Sistemas Financieros entre marzo y junio de 1990 y producirse después una caída de la cotización de los títulos de esta sociedad.

Según Croissier, el punto de partida de las investigaciones es el 27 de junio de 1991 al entrar en la comisión la auditoría de Sistemas Financieros de 1990, en la que se había detectado un fuerte nivel de autocartera (acciones compradas por la propia sociedad) de hasta un 27% del capital, lo que supuso una pérdida de 4.200 millones. La auditoría también registraba la existencia de un crédito dudoso concedido por Sistemas Financieros a su filial, RTS Internacional, por valor de 1.250 millones.

"Ante estos hechos", señaló Croissier, "emprendimos tres actuaciones diferentes. Primero informamos al mercado, incorporando la auditoría al registro público de la comisión, y en segundo lugar publicando en el Boletín Oficial de la Bolsa la opinión del auditor sobre Sistemas Financieros, que señalaba que se había efectuado un ajuste del 82% en sus resultados. En tercer lugar, iniciamos análisis para verificar los volúmenes y precios de las transacciones efectuadas, para averiguar si había habido información privilegiada o si algún socio significativo hubiera vendido acciones de la sociedad que habrían sido adquiridas por la autocartera".

Al descubrir la auditoría la existencia de una abultada autocartera, la comisión solicitó la lista de los ordenantes finales de las ventas, lista que fue enviada por esta sociedad el 21 de octubre pasado. Explicó que esta lista ocupaba 72 páginas, en la que se informaba de unas 700 órdenes de venta realizadas por 42 sociedades de valores y Bolsa y muchas personas flisicas y jurídicas. "Al analizar esta primera lista", añadió, "no detectamos la existencia de algún gran paquete de venta de algunos de los principales accionistas de la sociedad. Además no podíamos embarcarnos en una investigación exhaustiva sin indicios claros, teniendo en cuenta que en ese momento se preparaba la fusión de Sistemas Financieros, Grupo Ibercorp y Banco Ibercorp. Operación que, pensamos, nos proporcionaría más información". Posteriormente, el diario El Mundo publicó que algunas personas habían vendido acciones y otros datos que eran desconocidos por la comisión. Al día siguiente, la comisión recibió una nueva lista de los vendedores.

Entre las dos listas se detectaron 14 discrepancias. La primera, la omisión de un nombre propio que había vendido acciones por valor de 2.422.000 pesetas (se refiere a Mariano Rubio). En segundo lugar, siete personas, que habrían vendido entre 900.000 y 21 millones de pesetas cada una, en las que sólo aparece el nombre de pila, el segundo apellido y el DNI (entre ellos aparecen el ex ministro Miguel Boyer; su esposa, Isabel Preysler, y las hijas de Manuel de la Concha). En tercer lugar, la no inclusión de la venta efectuada por Inversiones Padilla, cuyo nombre habría sido sustituido por el de la firma sueca PK Banken, por 111 millones de pesetas. Croissier dijo que desconocía quién estaba detrás de Inversiones Padilla y Shaft Investment.