La Intervención del Estado asegura que fue García Valverde quien planificó la 'operación Renfe'

La Intervención General del Estado, el máximo organismo de control de las operaciones económicas de la Administración, ha remitido un informe a la comisión parlamentaria que investiga la compra de terrenos para Renfe en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes en el que asegura que fue el entonces presidente de la compañía, Julián García Valverde, quien planificó la operación que desembocó en el escándalo inmobiliario que ahora se investiga en el Congreso. El citado informe señala textualmente: "El diseño [de la operación especulativa] se efectúa en Renfe a través de los departamentos de presidencia y de la dirección general adjunta del grupo empresarial".

Además, la Intervención General del Estado contradice abiertamente el informe que el ponente socialista en la comisión del Congreso, Jenaro GarciaArreciado, presentó el pasado jueves al resto de sus compañeros de comisión. En este informe se asegura que los 1.800 millones de pesetas que -con el visto bueno del entonces presidente de la compañía ferroviaria, Julián García Valverde- se libraron para comprar terrenos no necesitaban trámites previos."No era necesario informar al Consejo de Administración de Renfe de la existencia de dichos anticipos", asegura el informe del PSOE. Sin embargo, en los antípodas de esta interpretación, la Intervención General del Estado asegura que sí hubiese sido necesario informar al Consejo de Administración de tales anticipos. A este respecto, el mismo informe de la intervención asegura que esos 1.800 millones de pesetas tienen carácter de auténtica "inversión financiera", y, por tanto, rechaza la consideración de "anticipo para proveedores", tal y como se contabilizó la operación por los gestores de la compañía ferroviaria.

Ignorar la ley

Fuentes de la oposición, muy próximas a la comisión investi gadora de Renfe en el Congreso, han señalado que el proyecto que les ha presentado el ponente socialista no sólo contradice, en este punto, la afirmación de la Intervención General del Estado, sino que, además ignora la propia legislación que rige las actividades de Renfe.

Las fuentes consultadas señalan que, de acuerdo con el estatuto de Renfe de 1964, el Consejo de Administración de la compañía, en un acuerdo del 12 de diciembre de 1983 -que sigue vigente- delega en el presidente de la compañía una serie de funciones y autorizaciones, entre otras, la adquisición y contratación de servicios y suministros, con un tope de 500 millones de pesetas.

Delega también en el presidente el poder autorizar pagos de hasta 250 millones para gastos de explotación y le autoriza a llevar a cabo, sin consulta al consejo, "actos adquisitivos o dispositivos sobre bienes inmuebles", con un tope de 20 millones de pesetas.

De acuerdo con la calificación de inversión financiera que hace, como se ha dicho, la Intervención General del Estado, la misma fuente de la oposición concluye que en ningún caso puede exonerarse a García Valverde de la obligación que tuvo, y que incumplió, de informar del libramiento de 1.800 millones de pesetas a favor de Equidesa, compañía filial inmobiliaria de Renfe, para adquirir terrenos en San Sebastián de los Reyes.

La segunda contradicción, flagrante, según la misma fuente, que hasta ahora se ha puesto de manifiesto en el informe del ponente socialista, consiste (Véase EL PAÍS de ayer) en que el borrador del informe que debe debatir la comisión señala que en las reuniones que hubo entre el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el Ministerio de Transportes, la Comunidad de Madrid y Renfe no se tomó ningún acuerdo firme referido "a calificación, usos, intensidades o aprovechamientos de los terrenos adquiridos".

Sin embargo, el ex consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid Eduardo Mangada asegura, en un informe que envió al actual ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y que obra en poder de la comisión, que se produjo "el único acuerdo el 6 de febrero de 1991" y fijó el índice de edificabilidad en 0,37 metros cuadrados por metro de terreno.