Mangada asegura que García Valverde, Leguina y Barrionuevo trataron detalles de la 'operación Renfe'

Una carta del anterior consejero de Política Territorial de la comunidad autónoma de Madrid, Eduardo Mangada, al ministro de Transportes, José Borrell, contradice el informe elaborado por los parlamentarios del PSOE sobre la compraventa irregular de terrenos para Renfe en San Sebastián de los Reyes (Madrid). El anterior titular de Transportes, José Barrionuevo; el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el entonces presidente de Renfe, Julián García Valverde; dos de sus directivos, José Luis Pinedo y José María Rodes, y Mangada se reunieron el 6 de febrero en el despacho del primero y trataron detalles de la operación especulativa de Renfe, entre ellos un acuerdo sobre el volumen de edificación de los solares.

En las conclusiones que el ponente del PSOE, Jenaro García-Arreciado, presentó a sus compañeros de la comisión de investigación del Congreso, el pasado jueves, se afirma: "No ha habido ningún acuerdo referido a calificación, usos, intensidades o aprovechamiento de los terrenos adquiridos". Sin embargo, en la carta de Mangada al ministro Borrell, que obra en poder de la comisión y está custodiada bajo secreto, se asegura que hubo acuerdo y que éste llegó hasta el punto de fijar detalles como el aprovechamiento de los solares objeto de la polémica y el volumen de edificabilidad destinada para ellos.En el proyecto de informe del Congreso se asegura que entre Transportes, la Comunidad Autónoma de Madrid, Renfe y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes hubo varias reuniones. Sin embargo, se especifica que "ninguna información conocida permite suponer que estas reuniones sirvieran para apoyar la decisión de compra en ningún acuerdo firme referido a calificación, usos, intensidades o aprovechamientos de los terrenos adquiridos".

Frente a esta rotunda afirmación, el segundo informe de Mangada, que envió en su día al actual ministro de Transportes, José Borrell, y que la comisión reclamó, señala que "el único acuerdo se produjo el 6 de febrero de 1991 " y fijó el índice de edificabilidad en 0,37 metros cuadrados por cada metro cuadrado de terreno.

La reunión que señala Mangada en febrero de 1991 es la misma cuya existencia se conoció públicamente después de que el pasado día 22 de enero José María Rodes, ex director general adjunto de las empresas de Renfe, declarase ante la comisión investigadora del Congreso que en el despacho del entonces ministro de Transportes, José Barrionuevo, se reunieron, entre otros, el entonces presidente de Renfe, Julián García Valverde; el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina; el ex consejero de Planeamiento y Urbanismo, Mangada; el ex asesor para Asuntos Inmobiliarios de García Valverde, José Luis Pinedo, y el mismo Rodes.

En esa reunión, según coinciden varios testimonios, se produjo un "aparte" o descanso que nunca se ha aclarado suficientemente en qué consistió.

El hecho cierto es que Rodes dijo ante la comisión, en su primera comparecencia, que en aquella reunión se habló de los terrenos que había comprado Equidesa para Renfe en San Sebastián de los Reyes, compras "que de sobra conocíamos todos los presentes".

Esta declaración suscitó más tarde controversias porque Leguina, Barrionuevo y el propio Mangada aseguraron no saber con detalle nada referido a la compra de terrenos. A lo largo de la investigación no se ha podido demostrar en ningún momento que ninguno de los políticos mencionados conociesen las numerosas irregularidades que el proyecto de informe de la comisión investigadora del Congreso ha sacado a la luz, pero el documento de Mangada hace explícitas serias contradicciones del propio documento.

Acuerdos sobre edificabilidad

Mangada señala en su informe a Borrell que se acordó el índice de edificabilidad, que en San Sebastián de los Reyes suponía 150.000 metros cuadrados de un total de 40 hectáreas, y que ese índice de edificabilidad se acordó en aquella misma reunión con Barrionuevo, con un valor de 0,35 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo, en la localidad madrileña de Alcobendas, lo que suponía 70.000 metros cuadrados de un total de 20 hectáreas.

El informe del ponente socialista arranca tratando de justificar plenamente la operación de compra de terrenos para Renfe, como medio para dedicar las plusvalías que se obtuviesen con esos terrenos a la construcción del ferrocarril en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, y añade que "entre las administraciones competentes [es decir, Ministerio de Transportes, Comunidad Autónoma de Madrid y ayuntamientos] se produce un acuerdo político ( ... )", y a renglón seguido añade que "no hay constancia documental explícita de este acuerdo ni se formula jurídicamente su desarrollo".

Estas afirmaciones tan abiertamente exculpatorias para la intervención de los representantes de las Administraciones Públicas, a los que ni siquiera se cita por su nombre, en la operación de compra de terrenos de Renfe, choca abiertamente con la declaración de Mangada, el hombre responsable del urbanismo, entonces, en la Comunidad de Madrid, y cuyo testimonio escrito está entre los que los miembros de la comisión no han podido fotocopiar, sino que permanece custodiado para que puedan consultarlo.