... Y viceversa

A finales de 1991, la Dirección General de Migraciones de Madrid repasaba casi 40.000 expedientes de los 132.934 recibidos en toda España. Madrid sumaba muchas peticiones de regularización, con un 29% del total. Entre los requisitos para quedarse estaba muy clarita esa oferta de empleo estable o proyecto autónomo económicamente viable que repasarían con lupa los de la comisión creada ad hoc para seleccionar a los extranjeros que formarían parte de la política activa de migración del Gobierno. Lo peor no han sido las largas colas, ni los falsos papeles que vendían los más pícaros. Muchos extranjeros comenzaron a denunciar explotación laboral, hasta el punto de que el nuevo Código Penal prevé penas más duras para quienes abusen de la mano de obra extranjera. Estará escrito en el artículo 499 bis: arresto menor para quienes exploten a los inmigrantes. El departamento de Política Interior quiere portarse bien con los 540.000 residentes extranjeros que hay en España, y para ello solicitarán la colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas. En cualquier caso, sin contrato de trabajo no hay permanencia legal, y viceversa, y el colectivo de raza negra es el que más padece el racismo y la xenofobia.