Huelgas solapadas

LA CONJUNCIÓN de la huelga de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la del Metro dejó ayer a cientos de miles de madrileños sin transporte público en las horas en que el servicio es más esencial: de siete a nueve de la mañana y de 18.30 a 20.30, es decir, cuando el ciudadano necesita acudir al trabajo, a la Universidad o a otras ocupaciones particulares, y cuando suele regresar a casa. El efecto acumulativo de las huelgas del sector del transporte público puede agravarse todavía más si a los conflictos actuales de la EMT y del Metro madrileños, inicialmente previstos para varias jornadas, se añade la huelga de Renfe anunciada para el próximo día 27 de febrero.En principio nada parece indicar que los convocantes de estas huelgas tengan interés en evitar los efectos añadidos que su solapamiento produce en la prestación de un servicio público esencial para los ciudadanos. Todo lo contrario: más bien parece que buscan esta acumulación de daño. Ayer, el efecto combinado de la parálisis del servicio del metro y de los autobuses en las horas punta dejó prácticamente clavados en tierra durante ese tiempo -privados del derecho a circular y a moverse- a no menos de medio millón de usuarios del transporte público e, indirectamente, a varios cientos de miles más de ciudadanos que se vieron atrapados por los embotellamientos producidos por el aumento de vehículos particulares en circulación. Un sindicato que se precie de tal y que no sea una mera agrupación gremialista no puede dejar de calibrar el alcance de su acción reivindicativa en la población en general. La solidaridad propia del sindicalismo responsable se manifiesta -y esto vale sobre todo en el ámbito de los servicios públicos esenciales para la comunidad- en su preocupación por hacer compatible la defensa de sus derechos con el menor perjuicio para los ciudadanos.

Precisamente, la ausencia absolutamente injustificable de servicios mínimos muestra que estas huelgas salvajes buscan provocar la reacción airada de los usuarios como modo añadido de solucionar su conflicto particular. En la huelga de la EMT, tales servicios, rechazados primero, admitidos ahora y amenazados nuevamente de incumplimiento por el comité de huelga, no son contemplados como un derecho propio de la comunidad, que los trabajadores están obligados a respetar por encima de todo, sino como un mero intrumento de presión en su estrategia reivindicativa. En la del Metro, el pretexto para no cumplirlos ha sido si cabe más cínico: la seguridad de los usuarios, que podrían verse en peligro a causa de las aglomeraciones. Preocupación, sin embargo, compatible con el abuso que supone dejarles totalmente privados de un servicio esencial, que además financian con sus impuestos, en horas claves para sus ocupaciones.

Tengan o no razón en sus reivindicaciones concretas, los trabajadores de la EMT y del Metro madrileño la pierden al actuar fuera del marco de la ley. El derecho de huelga, uno de los más fundamentales de la democracia, no puede ser utilizado una y otra vez de manera abusiva sin, al mismo, tiempo, provocar reacciones de defensa en la sociedad y en los poderes públicos. Situaciones como la ayer y como las que previsiblemente se sucederán en los próximos días constituyen un reclamo poderoso para que los ciudadanos se declaren cada vez más nítidamente a favor de la regulación del derecho de huelga o, al menos, del establecimiento de un marco legal claro en lo que se refiere a la cuantificación de los servicios mínimos que son indispensables para no dejarles desasistidos frente a los efectos de las huelgas en los servicios públicos.

Hora es ya de que todas las formaciones se manifiesten claramente respecto a este infierno en que se está convirtiendo Madrid para sus ciudadanos y que apoyen, sin fisuras partidarias, la aplicación de la ley. También es tiempo de que los sindicatos responsables olviden su ambigüedad y denuncien los manifiestos abusos de unos pocos que anteponen sus intereses concretos a los de toda una población, empezando por los afiliados a esos mismos sindicatos.