Cárcel de infancia

Durante cinco años todo el mundo hizo la vista gorda, pero en sólo 10 días se han acumulado los espeluznantes relatos sobre la situación de la guardería El Progreso, de Orense, un internado que recogía a hijos de presidiarios y toxicómanos con cargo a la Xunta de Galicia. Niños hambrientos que rebuscaban comida en la basura, pequeños de cuatro años que apenas saben hablar y se han pasado meses encerrados entre las cuatro paredes de un viejo piso sin calefacción y con los cristales rotos son algunas de las denuncias que han conmovido a la ciudad gallega.

Una lúgubre historia que destapó el secretario provincial de las Juventudes Socialistas, Santiago Rodríguez, a partir de los testimonios de antiguas empleadas del centro, y que han avalado familiares de los niños, profesores de EGB, médicos y colectivos de psicólogos. La fiscalía de la Audiencia Provincial de Orense ya ha remitido las diligencias al juzgado tras tomar las primeras declaraciones, mientras la propietaria de la guardería, María González Carnero, prepara querellas criminales para responder a "esta campaña de, injurias". %Si todo eso fuese cierto, por qué no lo han dicho antesT', se pregunta María González, profesora de EGB. Esta misma incógnita sorprende a todos los implicados en el caso, porque desde 1990 existen al menos tres informes oficiales que denunciaban anomalías en el centro. En uno de ellos se hacía referencia a la muerte de un pequeño ingresado en la residencia de la Seguridad Social de Orense en estado preagónico.El pasado lunes la Consejería de Trabajo de la Xunta retiraba apresuradamente a los 30 niños, todos menores de seis años, internados en la guardería El Progreso para distribuirlos por distintas casas de acogida de Orense. Era la reacción oficial ante el escándalo levantado una semana antes por el responsable de las Juventudes Socialistas. Santiago Rodríguez convocó a los medios de comunicación para explicar que en la guardería se maltrataba a los niños, que sufrían toda clase de penalidades y permanecían sin ningún contacto con el exterior.

Retrasos psicomotores

A la actuación del dirigente juvenil socialista se sumó de inmediato un coro de denuncias El Colectivo Gallego del Menor admitió que los niños que llegaban a otros centros procedentes de la guardería presentaban "retrasos psicomotores y psicológicos". Profesores de preescolar del colegio Padre Feijoo, donde recibían clase algunos internos, revelaron que habían hecho una colecta para comprarles comida. "Les robaban los bocadillos a sus compañeros y revolvían en las papeleras para ver si encontraban algo", aseguran los maestros.

El relato inicial de Santiago Rodríguez ha sido básicamente corroborado por ex trabajadoras de la guardería, que se creó en 1986, cuando su propietaria firmó un convenio con la Xurita, que se comprometía a subvencionarle la estancia de niños apartados de sus padres. María Dolores Díaz, que trabajó nueve meses en el centro sin contrato laboral, hace constar en una declaración jurada que le obligaban a mezclar la leche con agua y se racionaban los biberones de los bebés. La ex empleada del centro mantiene que una compañera suya le relató que en una ocasión una niña quedó colgada de la litera mientras dormía y se le deformó el rostro, pero la propietaria impidió que recibiese asistencia médica "por temor a una investigación".

"Yo me quedaba sola con los 30 niños toda la noche", explica María Dolores Díaz. "Les tuve que enseñar cosas como pedir de beber o para ir al baño, porque estaban incomunicados y tenían un léxico totalmente pobre. El trato que recibían era brutal". María Fernández, puericultora de profesión, tuvo que dejar el centro a los tres días de haber comenzado a trabajar. "Fue una experiencia horrible. No podía dormir por las noches pensando en los niños, y bastante tiempo después continuaba despertándome sobresaltada" afirma.

María Fernández estuvo en El Progreso en julio de 1989, y todavía hoy se echa a llorar cuando recuerda cómo una niña de ocho años renunció a las 100 pesetas que le había dado una companera suya porque prefería que les compraran galletas a los más pequeños. Según María, la directora y su ayudante la conminaron a que no se mostrase afectuosa con los pequeños tras advertirle que todos estaban predestinados a ser delincuentes.

Pero las denuncias ya vienen de antiguo. Según Rodríguez, en 1990 el comité de empresa de la Delegación Provincial de Servicios Sociales renútió a sus superiores un informe oficialsobre el asunto. El ex director médico de la residencia de la Seguridad Social de Orense, Javier Casares, también afirma que en 1990 recibió otros dos informes de la unidad de Pediatría del centro en los que se expresaban sospechas sobre la atención que recibían los niños.

Sin embargo, la Xurita sostiene que nunca recibió estos informes. Hace unos días el Gobierno autónomo abrió una investigación oficial que hasta el momento no ha podido comprobar la veracidad de las denuncias, según Javier Batán, director general de Servicios Sociales. "Hay algunos relatos que parecen novelescos", dice Batán. En todo caso, la Xurita reconoce que las condiciones de la guardería no eran Ias más adecuada% y por eso estaba previsto trasladar a los niños desde antes de que estallase el escándalo, según Batán.

También la propietaria de El Progreso, María González, admite algunas carencias mientras pasea por el piso donde vivían los niños, una vieja vivienda situada en el centro de Orense. Según la directora, la Xurita había incumplido el compromiso de incrementar cada año en función del IPC la subvención inicial de 1.000 pesetas por día y niño. Esto, confiesa, redundó en las condiciones del centro. Pero María González se rebela contra la imagen que se está difundiendo de ella y se siente víctima "de intereses políticos". "Si fuese cierto todo lo que dicen de nosotros, tendrían que llevarnos al psiquiatra", afirma con aparente tranquilidad.