La forja del destino
Los trabajadores de Fundición Silio Marín llevan cuatro meses de encierro
Los trabajadores de la Fundición Silio Marín, SA, de Polinyá, en el cinturón de Barcelona, montan guardia desde hace cuatro meses para evitar que la empresa sea expoliada por los acreedores. Esta fundición acaba de ser condenada a despedir e indemnizar a una empleada que era observada por el gerente de la empresa, Jaime Marín Bertrán, a través de un orificio cuando se encontraba en los lavabos. El proceso judicial ha descubierto "picarescas que dejan en mantillas al Lazarillo", afirma José Antonio Pascual, abogado de los trabajadores.
La Inspección de Trabajo remitió a la fiscalía un informe en el que se indicaba que se apreciaban "actuaciones y maquinaciones de carácter económico y financiero que ponen en peligro la estabilidad de los puestos de trabajo y se aprecian indicios suficientes de delito [contra la libertad y seguridad en el trabajo]". La fiscalía ha abierto una investigación. ,Paralelamente, el colectivo de 57 trabajadores presentó ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell una querella criminal contra el principal socio y gerente de la industria, Jaime Marín Bertran, por unos presuntos delitos de estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes y contra la seguridad en el trabajo.
La historia arranca en el verano de 1990. Los trabajadores descubrieron que los terrenos de la empresa habían sido hipotecados por 2 10 millones de pe setas sin ser informado el comité de empresa. Las sospechas de los trabajadores en torno a las irregularidades crecieron en enero de 1991, al abandonar la gerencia Carlos Gomis y ser sustituido por José María Castro Soler. Durante el mandato de Castro, hasta noviembre de 1991, la fundición dejó de pagar a los proveedores de materia prima y no se puso al día en sus pagos a la Seguridad Social y a Hacienda. Según los trabajadores "Castro nos citaba a fin de mes en un bar y nos pagaba en metálico con dinero de su maletín".
Durante su gerencia, en el mes de julio, el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ejecutó por impago la hipoteca sobre la factoría.
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