666 días con Juan Guerra

Tras dos años y 55 días de conocimiento público y 666 días de instrucción de diligencias, nadie -incluidos abogados, jueces y periodistas- sabría explicar con exactitud en qué momento se encuentra la maraña judicial del caso Juan Guerra. Pocos son los que siguen a diario las noticias de la dilatada y concienzuda investigación judicial; menos los que logran hilar los diferentes asuntos con el argumento principal, y todos -hasta los presuntos implicados- reclaman a voces una resolución definitiva. Pese a ello, y salvo decisión salomónica contraria, queda todavía un año, al menos, para que finalice la fase de instrucción de las diligencias previas 1527/90.

Del caso entienden en este momento tres magistrados en dos instancias diferentes: el juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Ángel Márquez, quien mantiene el grueso del sumario bajo su competencia, y los magistrados Juan José Ruiz Rico y José Cano Barrero, instructores de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Pero además, el Tribunal Supremo ha emitido ya varios dictámenes a petición de las partes y de los órganos judiciales inferiores y es más que probable que tenga que decidir en las próximas semanas la presunta implicación en un delito de prevaricación del ex vicepresidente Alfonso Guerra.

El Tribunal Constitucional también ha conocido parte del caso y tiene pendientes de resolución dos recursos de amparo del abogado Antonio Mates, defensor de Juan Guerra, en los que se solicita la nulidad del proceso. Además, tres fiscales, 15 abogados, un grupo de Policía Judicial y la Brigada de Delitos Económicos de Sevilla investigan desde hace dos años los más de 14.000 folios de diligencias practicadas.

Medio centenar de personas están imputados en esta causa por ocho tipos diferentes de delitos. Entre ellos se hallan tres personas aforadas ante el TSJA, dos altos cargos de la Administración central, otros siete de diferentes organismos de la Junta de Andalucía y un ex jefe de Costas de Alicante. Se han descubierto irregularidades administrativas, falsedad y fraude fiscal en al menos media docena de sociedades.

El juez Márquez ha decretado fianzas por más de 1.030 millones de pesetas y cuatro personas tienen su libertad condicionada judicialmente. El caso se extiende desde Barbate (Cádiz), donde surgió el 30 de diciembre de 1989, hasta L'Alfaz de Pi (Alicante), pasando por Sevilla, sede del polémico despacho del principal implicado.

De todo ello, lo único que tiene visos de finalizar pronto son las actuaciones que se instruyen en el TSJA. El magistrado Cano Barrero ha determinado la existencia de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por la creación y uso de un depacho oficial en una sede del Gobierno para una persona privada, Juan Guerra, que realizó además actividades particulares en la citada dependencia. De ello están imputados los diputados autonómicos por el PSOE Tomás Azorín y Leocadio Marín; Rafael Delgado, ex secretario general de la vicepresidencia del Gobierno, y el actual delegado del Ejecutivo en Sevilla, Alfonso Garrido. El TSJA tiene bajo la instrucción del magistrado Ruiz Rico parte de otro asunto -Comasa- en el que se imputa un delito de prevaricación al diputado socialista Guillermo Gutiérrez, por conceder irregularmente una parcela de suelo público a Comasa, cuando tenía la presidencia accidental de empresa pública Mercasevilla. Para mañana, está prevista su declaración en el tribunal andaluz.

El resto de la maraña

Los demás asuntos de la causa (ver cuadro adjunto, que no incluye decenas de personas que han declarado también como imputados), están sin cerrar. Los más avanzados son los siguientes:1.- El presunto delito de defraudación a la Hacienda pública que se le imputa a Juan Guerra y a sus socios Juan José Arenas Casas, Francisco José López Martín, Dolores García Ramos, José María Ramos Reina y José Garrido López, y a las empresas Fracosur y Corral de la Parra, SA. El fiscal ha pedido que se abra inmediatamente juicio oral.

2.- Otro presunto delito contra la Hacienda pública descubierto en la empresa HRT, del que están imputados Arturo López Villasana, José Luis Díaz López y José Luis Díaz Martínez. El fiscal ha solicitado la inhibición del juez Márquez y el traslado a Madrid.

3.- La instrucción del asunto Fridex y Espaldilla, en el que están imputados por prevaricación y / o maquinación para alterar el precio de las cosas, el alcalde, varios concejales y el arquitecto del municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, así como el ex delegado provincial de Urbanismo y un alto ejecutivo de la empresa pública Ensidesa, además de Juan Guerra. A juicio del fiscal está concluida la instrucción y se ha solicitado al juez que remita las diligencias a la Audiencia de Sevilla.

4.- El intento de compra de los cuarteles madrileños de Docks y Maestranza está también investigado y concluido.

5.- Las irregularidades descubiertas en Alicante se trasladarán al juzgado natural correspondiente en aquella provincia, después de no haberse demostrado la participación de Juan Guerra.

6.- Las diligencias sobre Litomed, el caso de las tragaperras y el servicio de hostelería para aeropuertos, introducidos en el proceso por José María Ruiz-Mateos, tienen aún para largo, según distintas fuentes consultadas. Lo mismo ocurre con la pieza separada por el juez Márquez en relación al Servicio Andaluz de Salud, aún sin iniciar.

[Joaquín Almunia, ex ministro y relacionado con el denominado clan de Chamartín dijo ayer en Barcelona que la respuesta del Gobierno al Tribunal Superior de Andalucía respecto al uso del despacho de Alfonso Guerra por parte de su hermano Juan fue "absolutamente correcta", informa Efe. Almunia negó que la respuesta coloque en una situación comprometida a Alfonso Guerra].