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La junta argelina trata de vincular al FIS con el terrorismo

El directorio cívico-militar argelino está dispuesto a ilegalizar al Frente Islámico de Salvación (FIS), y para ello trata de conseguir pruebas que permitan demostrar los vínculos entre los grupos terroristas, autores de los atentados de los últimos días, y el movimiento integrista. La gendarmería y grupos parapoliciales trabajan en esta operación y han localizado ya en los barrios periféricos de Argel y en algunos otros puntos del país a supuestos responsables de los atentados, entre ellos el perpetrado el domingo cerca de Blida, en el que murió un soldado.

Algunos de los detenidos estarían asimismo relacionados con el asalto al puesto fronterizo de Guemmar, al sureste del país, junto a la frontera tunecina, donde el pasado noviembre fueron asesinados tres soldados y robadas numerosas armas del polvorín. El asesinato conmocionó a la opinión pública y obligó al FIS a modificar su estrategia, presentándose a la primera vuelta de las elecciones legislativas en un intento de demostrar que habían escogido la vía legal y pacífica y que nada tenían que ver con el terrorismo.La noticia de las detenciones ha sido confirmada oficialmente por la dirección de la gendarmería con un escueto y hermético comunicado. El propio FIS ha asegurado que algunos de los detenidos son diputados electos en los comicios del pasado 26 de diciembre y miembros del Consejo Consultivo que dirige provisionalmente la organización integrista.

Con esta operación, la junta cívico-militar pretende obtener las pruebas que le permitan demostrar las vinculaciones del FIS con las organizaciones terroristas. Estos supuestos vínculos fueron ya sugeridos por el ministro de Defensa y actual hombre fuerte del directorio, el general Jaled Nezzar, en unas declaraciones a la televisión efectuadas en noviembre horas después del atentado.

El cerco en tomo al FIS parece estrecharse a medida que pasan las horas, lo que ha provocado que el máximo líder de la organización integrista en libertad, Aldelkáder Hachani, efectuara unas declaraciones asegurando que, "de un momento a otro, nuestra organización podría quedar ilegalizada". Hachani se encontraba ayer en la sede principal del FIS, en el centro de la ciudad. Apareció con el rostro preocupado y había perdido la sonrisa y la euforia de las que hacía gala en los últimos días, cuando dirigía toda su artillería dialéctica contra el alto comité de Estado, al que calificaba de comité de regencia, en un intento de trazar un paralelismo entre el mando colonial francés en Argelia y el actual directorio cívico-militar.

Acusado un imam

Las últimas noticias sobre las actuaciones policiales llegan de Buzara, al sureste del país, donde ayer fue detenido el imam de una de las más importantes mezquitas de la ciudad, acusado de haber llamado a la guerra santa desde lo alto de su minarete. Asimismo, otras tres personas han sido detenidas en Ued el Fada, al noroeste del país. A los detenidos se les localizaron, según la policía, diversas armas blancas.Estas últimas detenciones no han sido aún confirmadas oficialmente, ya que, de manera inexplicable, los responsables de la seguridad de la República han entrado en una fase de estricto hermetismo, intentando desdramatizar por todos los medios la situación y dar la sensación de que el país está en calma y que la presencia del Ejército en las calles ha desaparecido. Pero, a pesar de todas estas precauciones, el periódico Le Soir -uno de los de mayor tirada del país- se preguntaba en su edición de ayer en primera página, con enormes titulares, si efectivamente Argelia caminaba hacia un estado de excepción, tal y como se viene rumoreando desde hace unos días.

Mientras, el Gobierno ha anunciado ya un paquete de medidas económicas para aplicar de forma urgente. El artífice de esta operación, como de casi todo lo que sucede en este país, es el primer ministro y responsable de Economía, Sid Ahmed Gozali, que ha recuperado su proyecto económico, elaborado bajo la presidencia del recientemente dimitido Chadli Benyedid, con el que se pretende abrir el país al capital internacional. La operación trata de que las empresas petroleras multinacionales participen en la explotación de los yacimientos ya existentes, de acuerdo con una ley aprobada por el Parlamento pocas semanas antes de su disolución. Esta operación económica, bautizada por los opositores como "la venta de Hasi Messaud" -el principal yacimiento de Argelia-, significaría la entrada de dinero fresco en las arcas argelinas y la posibilidad de hacer frente a los gastos provocados por el servicio de la deuda externa, a los que dedica el 70% de los ingresos por exportación de petróleo y gas.

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