Querer y poder
EL PARTIDO Popular (PP) no quiere estar desprevenido ante la eventualidad de elecciones anticipadas y ha comenzado a condicionar su estrategia a los objetivos de tal hipótesis. Ha diagnosticado que el Gobierno de los socialistas se encuentra -por el desgaste del ejercicio del poder, por sus propios errores y por la complejidad de los problemas con los que se enfrenta- en sus peores momentos y que está abocado al aprovechamiento electoral de la estela euforizante que dejen tras de sí los fastos del 92, sin esperar a adentrarse en el problemático escenario de 1993.La convención nacional que ha reunido este fin de semana a un millar de concejales, parlamentarios y dirigentes del PP responde a este diagnóstico. Pero la cuestión es si, aun dando por sentado el acierto del pronóstico, los populares están preparados para el envite, y si una puesta en escena a la americana como la de la convención celebrada -utilización al máximo de lo audiovisual, profusión de discursos y abundancia de aplausos- le será rentable al partido conservador en su estrategia de acceso al poder del Estado diseñada hace dos años en su congreso de Sevilla. A tenor de lo visto y oído en la convención, no hay duda de que los populares están convencidos de que tienen en sus manos la medicina adecuada -ética, eficacia y un líder como José María Aznar- a los grandes males, presuntos o reales, que hoy afligirían como nunca a España (corrupción y despilfarro de los recursos públicos). ¿Pero será suficiente toda esta tramoya de marketing político, toda esta esforzada demostración de voluntarismo, para que el PP supere los obstáculos que se levantan en su camino hacia La Moncloa y convenza a la franja del electorado que necesita para convertirse en mayoría de que ya es hora de que preste su confianza a la alternativa política que representa? Al margen de euforias y de deseos, y más allá de escenarios montados de cara a la galería, todo ello muy lógico y necesario en la lucha política, la realidad es que los populares tienen delante de sí un grave pro blema de credibilidad en su mensaje. Por más que su lenguaje político se proyecte hacia el futuro -esperanza, proyecto, ilusión, cambio, son términos que abundan en los eslóganes del dispositivo electoral es bozado en la convención-, es difícil que pueda atraer a ese elector descontento del PSOE y potencial votante de una opción de centro-derecha moderna, pero que sigue percibiendo en una parte a la actual derecha española como digna heredera de la de siempre: retrógrada -nada menos que el Estado a su servicio-, socialmente insolidaria y enfeudada a grupos de pre sión cavernícolas. ¿Cómo acortar o anular la enorme distancia electoral de 10 puntos que todavía separa al PSOE y al PP sin el trasvase de un partido al otro de este tipo de elector?
La cuestión se toma más grave por la distorsión que ya sufre en la práctica este mensaje. La experien cia de los ayuntamientos de izquierda iniciada en 1979,por responder a unas pautas de ejercicio del poder absolutamente diferenciadas del modelo anterior, abrió a los socialistas el camino que les llevaría a La Moncloa a finales de 1982. ¿Puede afirmarse que las actuales experiencias populares de poder autonómico y municipal -Galicia, Castilla-León y Madrid, principalmente- responden, en cuanto a eficacia y a criterios de gestión, al modelo teórico con el que el PP pretende alcanzar el gobierno de todos los españoles? Por ejemplo, Madrid, que debería ser el paradigma de la eficacia popular, tiene la peor administración mu nicipal de los últimos años. En cuanto al otro gran eje de su mensaje -la corrupción-, tampoco puede decirse que un partido que ha pagado su correspondiente peaje en este campo -Naseiro, construcción de Burgos, Hormaechea, entre otros casos- ofrezca las mejores cauciones. De ahí que algunos de sus pronun ciamientos sobre el tema, desproporcionados y fuera de tono, tengan justamente el efecto contrario al pretendido: hacer más reacios a este mensaje a quienes, son sus destinatarios y posibles votantes.
La oferta política de quien aspira a gobernar debe ser algo más que un memorándum de las carencias de quien gobierna. La salud del sistema democrático reside tanto en el buen uso del poder por parte de la mayoría gobernante como en la existencia de una alternativa política creíble y capacitada para sustituirla en el instante en que así lo decida la voluntad popular.
