El Gobierno británico privatiza los ferrocarriles y los servicios postales
El Gobierno británico prepara la privatización de British Rail, la empresa pública de ferrocarriles, y de Royal Mail, la compañía de correos. Se trata de las privatizaciones más complejas, voluminosas y polémicas emprendidas en el Reino Unido, especialmente la del ferrocarril, y dentro del Gabinete de John Major hay posiciones enfrentadas sobre la forma de llevarlas a término.
La privatización de British Rail (BR) está mucho más avanzada que la de Royal Mail y es mucho más polémica. El primer ministro, John Major, hasta ahora no ha conseguido poner de acuerdo a sus propios ministros, y altos cargos respecto a cómo llevarla a término.Las alternativas son tres: privatizar solamente las líneas Intercity (trenes relativamente veloces entre las principales ciudades) y el transporte de mercancías; privatizar BR en conjunto con una oferta masiva de acciones al público, de forma similar a la de la telefónica British Telecom, o trocear BR en varias compañías regionales y venderlas por separado a distintos consorcios.
La alternativa más moderada, que limita la venta a las líneas Intercity y las de mercancías, es defendida por el ministro de Transportes, Malcolm Rifkind, y tiene la ventaja de que podría efectuarse sin grandes dificultades, como primer paso de posteriores privatizaciones por tramos. Adicionalmente, el transporte de mercancías por ferrocarril ya está parcialmente en manos privadas, lo que facilita la localización de posibles compradores de este servicio. Su defecto. es que, según un informe de BR, unas 60 estaciones de las líneas Intercity no son rentables y serían probablemente cerradas por una compañía privada, lo que causaría graves problemas políticos y sociales en las poblaciones afectada.
La privatización de BR en conjunto es defendida por el presidente de la compañía, Bob Reid, y es también la única fórmula que está dispuesta a aplicar la oposición laborista si vence en las próximas elecciones. Tiene dos defectos: no rompe el monopolio, que simplemente pasaría a ser privado, y sería difícil de poner en práctica en plena recesión, con un mercado poco interesado en absorber una privatización gigantesca.
La tercera opción, la de romper BR, y crear distintas compañías regionales, ha sido planteada por Sarah Hogg, directora del equipo político que rodea a John Major en el 10 de Downing Street. Esta opción tiene dos puntos débiles: supone, de hecho, la creación de una serie de monopolios regionales; además, algunas de estas empresas regionales no ofrecen apenas atractivo económico, por lo que difícilmente podrían ser vendidas a inversores privados sin fuertes incentivos y promesas de subsidios estatales.
Variante radical
Una variante radical de esta opción, recientemente presentada por el thatcherista ministro de Industria, Peter Lilley, defiende que la distribución de las líneas debería corresponder a un consorcio privado, y no al Gobierno, para que las leyes del mercado funcionaran sin ninguna Interferencia.
Todo el plan de privatización de BR tiene un problema global: el mal estado de la vía férrea y la antigüedad de las máquinas de tracción y los convoyes, que requieren enormes inversiones durante la próxima década. Aunque tiene la ventaja de llegar prácticamente a cada población del país, el servicio ferroviario británico es, en conjunto, muy inferior en calidad y puntualidad al francés o el alemán, e incluso podría quedar malparado comparándolo con el español.
