Investigación abierta.

LOS OCHO diputados miembros de la comisión del Congreso designada para investigar el asunto de la compra de terrenos por parte de la compañía Renfe, que hoy inicia sus trabajos, deberán presentar sus conclusiones antes del último día de febrero. En el asunto han aparecido indicios de posibles delitos (que ya investiga la justicia), por una parte, y sospechas, por otra, de una utilización inadecuada del poder por parte de responsables políticos. A la necesidad de dilucidar las sombras surgidas sobre ese segundo aspecto, eminentemente político, corresponde la creación de la comisión parlamentaria. Algunas circunstancias del momento presente y ciertas características del caso investigado otorgan a las tareas de esa comisión, y singularmente a la actitud de los socialistas ante ella, el valor de prueba de fuego de la voluntad de saneamiento de la vida política.Las opiniones de los socialistas, incluyendo al Gobierno, sobre las operaciones investigadas oscilan entre la duda razonable, como mínimo, y el abierto rechazo, como máximo. Nadie defiende resueltamente y hasta el final el comportamiento del anterior presidente de la compania y hoy ministro Julián García Valverde.

Los que dudan distinguen entre el objetivo teórico de la oporación -garantizar que las plusvalías, resultantes de la recafificación de unos terrenos reviertan en manos públicas- y la forma, concreta como se hicieron las cosas. Los que rechazan sin dudar, como el ex ministro Morán, subrayan el contrasentido de utilizar la, especulación pública para evitar la privada. Unos y otros se preguntan hasta qué punto puede ser lícita la utilización por el Estado de sus ventajas informativas y de poder frente a particulares de buena fe, y plantean interrogantes sobre métodos que incluyen como componente esencial el secreto (información privilegiada), la participación de intermediarios dudosos y prácticas administrativas -recalificaciones- no motivadas por necesidades sociales previamente observadas, sino artificialmente creadas.

En su comparecencia voluntaria ante la Comisión de Industria del Congreso, García Valverde no consiguió despejar esas dudas y sí suscitar algunas más en relación a la participación de otras instituciones en el asunto. Documentos internos de Renfe posteriormente conocidos rectifican, por lo demás, algunas afirmaciones del ministro. Sobran motivos, por tanto, para la intervención de una comisión de investigación. Y hasta el principal interesado solicitó su constitución. No se entendería, entonces, una actitud obstruccionista de los socialistas, los cuales se encuentran ante una ocasión excelente para dar ejemplo y demostrar la sinceridad de su propósito de la enmienda.

Que los socialistas no hayan incluido a ningún alto cargo en la lista de personas convocadas ante la comisión no sería tan grave como que aprovechen su mayoría (la comisión funciona por voto ponderado) para impedir que otros lo hagan. Más preocupantes resultan las declaraciones de ese portavoz que ha manifestado su voluntad de consultar sus iniciativas en .la comisión con el Gobierno, "como es lógico". Pues es todo menos lógico que el investigador someta su investigación al criterio del investigado. Pero también es preocupante que portavoces no menos patosos de la oposición hayan descalificado a ésta antes del inicio de sus trabajos con argumentos tan peregrinos como que sólo investigará un caso concreto y no "otros posibles fraudes" o que las deliberaciones sean secretas.