PSOE rechaza en el Senado todas las enmiendas presentadas por la oposición a la 'ley Corcuera'

V. R. DE AZÚA El Grupo Socialista rechazó ayer en el Senado todas y cada una de las 157 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana presentadas por la oposición. La Comisión de Presidencia e Interior del Senado liquidó ayer el debate y la votación de 64 enmiendas, más de la tercera parte de las presentadas a la polémica ley Corcuera, en menos de nueve minutos. Tras ponerse de acuerdo los portavoces de los grupos y los senadores enmendantes, al filo de las ocho de la tarde todos dieron por defendidas sus enmiendas en el plazo citado para poder levantar la sesión y abandonar el hemiciclo.

En total, la veintena larga de senadores de la comisión invirtió en el debate poco más de seis horas y media. Las modificaciones, en todo caso, deberán esperar al debate en pleno del próximo día 14.Las enmiendas ventiladas por el procedimiento de máxima urgencia son las presentadas a los 17 artículos del capítulo cuarto, al título y exposición de motivos de la ley y las disposiciones adicional, derogatoria y las cinco finales. El capítulo cuarto establece el régimen sancionador y contiene artículos de tanta trascendencia como el 25, que tipifica como infracción grave para la seguridad el consumo de drogas en lugares públicos y abre la posibilidad de suspender las sanciones si el sujeto se somete a rehabilitación.

Otro artículo polémico de este capítulo es el 28, que en su apartado A prevé multas gubemativas de hasta 100 millones de pesetas por infracciones consideradas en la ley muy gráves. En el apartado 2, el mismo artículo introduce la suspensión del permiso de conducir por seis meses como castigo al consumo de drogas.''Cerrojo"

El grupo socialista del Senado había impuesto durante la sesión lo que algún parlamentario de otro grupo calificó de "cerrojo". El debate se limitó a una exposición de las propuestas de modificación de los restantes grupos y a la justificación de su rechazo por los socialistas. El portavoz del grupo mayoritario, Jaime Barreiro, retrató la situación con estas palabras: "No hay perspectivas razonables de acercamiento".

Barreiro justificó el rechazo a todas las enmiendas, y en especial a las que tratan de aumentar las garantías para el ciudadano, porque, a su juicio, se está planteando un falso dilema entre libertad y seguridad que se necesitan mutuamente. "Sin margen de seguridad suficiente, no hay ejercicio efectivo de las libertades", aseguró en los pasillos. El grupo socialista se opone al requisito de que la policía tenga "evidencia" en vez de, "conocimiento fundado" de un delito de narcotráfico para poder entrar en un domicilio sin orden judicial.

"La evidencia implica percepción sensorial y en esas condiciones es imposible perseguir y combatir el narcotráfico", según el portavoz del PSOE. Barreiro, no obstante, dijo que de aquí al pleno le gustaría "hallar una fórmula que lleve tranquilidad al Defensor del Pueblo". Álvaro Gil Robles considera necesario introducir el requisito de la "evidencia".

El portavoz popular, Leocadio Bueso, aseguré que la ley "podría pisotear la Carta Magna" al introducir la figura de la detención gubernativa y pretender crear un estado policial en vez de desarrollar el estado de derecho. Pata Alberto Dorrego, del CDS, la ley parte de una contraposición absurda e innecesaria entre los principios. de libertad y seguridad.

Roc Fuentes, de IU, justificó su propuesta de veto a la ley en el "extraordinario margen que abre a la discrecionalidad", y la restricción de derechos fundamentales y la invasión de ámbitos judiciales.

En su réplica, el portavaz del grupo socialista, Pedro Ardaiz, pidió que el debate no quede reducido "a esa caricatura del carné en la boca y la patada en la puerta". Para Ardaiz, "sólo mediante un salto en el vacío se pueden extraer las conclusiones de los enmendantes". El PSOE endureció su posición en algunos apartados y se mostró contrario, por ejemplo, por razones de fondo -en el Congreso se opusieron por razones formales-, a la propuesta de CiU de expedir el carné de identidad bilingüe en comunidades con lengua cooficial.