El PSOE vetará la mitad de las citaciones ante la comisión de Renfe propuestas por la oposición

Jenaro García-Arreciado, portavoz del PSOE en la comisión investigadora de Renfe, manifestó ayer que los socialistas vetarán la mitad de las comparecencias ante la citada comisión. Convergència i Unió (CiU) apoyará al PSOE en el veto. García-Arreciado razonó ayer que no tiene sentido que acuda la corporación en pleno de los ayuntamientos o de la Comunidad de Madrid cuando con el alcalde o el concejal correspondiente es suficiente. El portavoz socialista reconoció que existen "ciertas dudas" sobre la forma en que se concretaron las operaciones de compraventa en San Sebastián de los Reyes.

No obstante, fuentes socialistas indicaron que su grupo admite que acudan a la comisión las personas que han tenido responsabilidad importante en la transacción de Renfe. Se da por seguro que se aceptará que declarar en en la comisión los ministros de Sanidad, Julián García Valverde, y Obras Públicas, José Borrell, así como el ex ministro José Barrionuevo; la presidente de Renfe, Mercè Sala, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Estas comparecencias han sido pedidas por la oposición pero no están incluidas en la lista presentada por el PSOE. La comisión se reunirá mañana por primera vez.Las posiciones de los grupos representados en la citada comisión son las siguientes:

Partido Popular: El representante popular, Felipe Camisón, apoya la dureza de su postura en tres extremos: el hecho de que se haya introducido el voto ponderado, es decir, que el PSOE tenga prácticamente conseguida la mayoría absoluta, la llamada al secreto por parte del grupo que apoya al Gobierno y la brevedad del tiempo para llevar a cabo los trabajos. Camisón opina que, por ejemplo, el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, debe acudir a la comisión. Camisón afirmó ayer que en esta comisión "las conclusiones están predeterminadas" al igual que "la admisión de personas de las que se aceptará su declaración".

Camisón dijo también que en este momento ellos ven como una "posibilidad remota" el retirarse de la comisión, pero "si se confirma que estamos perdiendo el tiempo y que el PSOE se empeña en mantener su postura a capa y espada entonces pudiera ocurrir". Según Camisón, seguirán investigando paralelamente "porque eso nadie puede impedírmelo, ni tampoco pueden impedirme el que anuncie públicamente el resultado de investigaciones que consiga al margen".

Mostró su preocupación porque, según él, el actual ministro de Sanidad, Julián García Valverde, mantuvo una "gran economía de la verdad" en su comparecencia en el Congreso en diciembre, ya que aseguró entonces que el pago de terrenos a través de cheques al portador y fraccionados era norma de Renfe "y mis investigaciones actuales van en sentido contrario".

Izquierda Unida: Jerónimo Andreu se mostró "muy preocupado" en dos sentidos: "Porque esto se convierta en un juicio a la democracia, y nosotros no vamos a entrar en ese juego, aunque se han hecho juicios desde la derecha que nosotros rechazamos, como el de equiparar el estado de corrupción actual con el del franquismo" y, por otra parte, el que el PSOE intente "plantear relaciones de partido entre formaciones políticas que se necesitan". El portavoz de IU señaló que teme pactos entre socialistas vascos y catalanes a la hora de las conclusiones de la comisión, y ello "sería gravísimo para la democracia".

Centro Democrático y Social: Rafael Martínez Campillo, piensa que tanto el PSOE como la oposición se juegan "mucho porque está pendiente una reforma del reglamento y del resultado de esta comisión depende el que éstas puedan seguir existiendo". Martínez Campillo se mostró confiado en que al PSOE "le interesa mantener el prestigio de las instituciones ante la sociedad".

Convergència i Unió: Salvador Sedó piensa que la comisión debe centrarse exclusivamente en la compra de terrenos por parte de Renfe en San Sebastián de los Reyes y distingue entre la recalificación de terrenos, que a su juicio puede ser éticamente admisible, si se hace por administraciones públicas, con total transparencia y en beneficio exclusivo del bien común, y la compra de terrenos que, en este caso, "peor no se pudo hacer".

Grupo Vasco: Eduardo Vallejo se muestra conforme con la filosofía de la utilización de plusvalías por la Administración, hecha "con luz y taquígrafo y siempre que la plusvalía revierta exclusivamente para fines públicos". Sin embargo, duda que sociedades, tanto públicas como privadas, puedan aprovecharse de estos mecanismos. Opina que es necesario esperar a que los trabajos de la comisión avancen y piensa que "no hay que magnificar los resultados porque lo que conseguiremos será un dictamen que luego tendrá que debatirse en el pleno".

Existen diferencias entre los grupos sobre el ámbito de la investigación. Para el PSOE debe limitarse a tan sólo un asunto específico, la compra de terrenos por Renfe, y ha de limitarse su duración. El PSOE rechaza las tesis de IU y el PP de que la investigación abarque toda la gestión de García Valverde.