La prueba saharaui

EL PROCESO de paz para el Sáhara constituye una prueba inédita para la ONU. Por primera vez, la organización internacional se erige como única responsable de un plan de consulta que debe decidir el futuro de un territorio. En un momento en el que la organización se perfila como el árbitro del nuevo orden internacional el conflicto del Sáhara constituye una gran prueba para demostrar su eficacia y neutralidad.La cuestión es comprobar hasta qué punto el afán por lograr la eficacia puede lesionar la neutralidad.

Desde septiembre pasado era un secreto a voces que el referéndum de autodeterminación para el Sáhara no se iba a celebrar en enero de 1992, como estaba previsto. Sin embargo, el secretario saliente, Javier Pérez de Cuéllar, eludió oficializar el estancamiento del proceso hasta los últimos momentos de su mandato. El silencio impuesto por Pérez de Cuéllar bajo el lema "lo importante es que el plan de paz siga adelante" también habría impedido a los países involucrados en el proceso pronunciarse oficialmente en relación a las denuncias del Frente Polisario sobre las violaciones del mismo por parte de Marruecos. Hace dos semanas, el viceministro de Exteriores suizo, Yacobi, rompió el fuego al declarar públicamente que el referéndum "no se va a celebrar por los impedimentos interpuestos por Marruecos", opinión ratificada por el portavoz de Exteriores de su Gobierno al declarar que era. una información procedente de informes de los efectivos suizos, en la unidad de cascos azules enviada por la ONU al Sáhara.

Es comprensible que Marruecos obstaculice el despliegue de banderas e insignias de la ONU en El Aaiún, pues ello equivale a poner en entredicho la marroquinidad del territorio defendida hasta hoy por el rey Hassan II. No tiene, en cambio, justificación el silencio del árbitro. Porque a medida que pasa el tiempo, este silencio se convierte en una nueva concesión a Marruecos, que lo utiliza como prueba de que su actuación es correcta y, paradójicamente, como un estímulo a lanzar acusaciones en contra de la propia ONU, a la que culpa del retraso de la consulta por la falta de medios y presupuesto.

Con ello queda neutralizada la única fuerza con que cuenta una población amedrentada por las habituales violaciones en Marruecos de los derechos humanos: la confianza absoluta en la protección de la ONU para depositar su voto sin temor a represalias. Será difícil conocer los motivos que empujaron a Pérez de Cuéllar a cambiar de un plumazo la anterior postura de la ONU e introducir un polémico anexo denunciado por el Polisario como un improcedente cambio al plan de paz original. Pero de haber sido aprobado por el Consejo de Seguridad, los nuevos criterios para la identificación de los votantes recogidos por el anexo hubiesen abierto la puerta a la hinchazón, favorable a Marruecos, del censo español adoptado como base de la consulta.

Para muchos observadores, la concesión realizada a Marruecos era la única vía para evitar un fracaso que empañaría la salida de Pérez de Cuéllar. La única vía si -como ha ocurrido hasta ahora- el Consejo de Seguridad no opta por la adopción de medidas enérgicas para lograr el cumplimiento de sus resoluciones y enderezar un proceso manipulado por la invasión de ciudadanos marroquíes en el territorio saharaui, admitida por el propio Pérez de Cuéllar.

Con la no aprobación de su informe, el Consejo de Seguridad ha salvaguardado el prestigio de la ONU, sobre todo ante los países débiles. Pero el encargo al nuevo secretario general de preparar, en un plazo de dos meses, un nuevo informe para desbloquear la preparación del referéndum puede conducir a un aplazamiento indefinido: justo lo que desea Marruecos.