La Comunidad paraliza la ley de capitalidad ante el 'ataque' del Ayuntamiento al transporte

JAVIER CASQUEIRO / LUCÍA ENGUITA Las buenas relaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad, gobernados por partidos distintos, han terminado. El enfrentamiento que sostienen desde hace dos meses sobre el dinero que deben aportar al Consorcio Regional de Transportes, desde donde se marca el funcionamiento y las tarifas del metro y los autobuses, ha derivado en una batalla política que mantiene paralizada la ley de capitalidad y amenaza con subir los precios de los transportes un 40%. Esta ley, reconocida en la Constitución y el estatuto de autonomía, supondría una compensación a Madrid por ser capital de 18.000 millones.

El Ayuntamiento, gobernado en mayoría absoluta por el PP, entiende que la asignación presupuestaria que le reclama el Consorcio Regional de Transportes para 1992 (16.000 millones de pesetas) es excesiva. El consorcio está controlado por la Comunidad, que gobierna el partido socialista. Tanto el alcalde, José María Álvarez del Manzano, como el concejal delegado de Circula ción, José Antonio García Alari lla, han dejado claro que el Ayuntamiento llegará como má ximo a entregar 10.000 millones. Tras múltiples reuniones y entre vistas para intentar un acuerdo, se ha fijado el día 8 de enero como último plazo para definir posiciones. El concejal es firme: "No daremos un duro más". La Comunidad ya ha anunciado que en este caso impugnará los presupuestos municipales. Pero la Comunidad se ha guardado una buena carta en la manga. El portavoz del Gobierno regional, Jaime Lissavetzky, reconoció ayer: "Hasta ahora, con las entrevistas entre Joaquín Leguina y Álvarez del Manzano se caminaba en cohabitación, pero eso ha quedado en buenas palabras. Estamos sorprendidos porque el problema del transporte no se ha solucionado bien".Lissavetzky argumenta que si la postura restrictiva del Ayuntamiento tuviera un origen financiero, de indisponibilidad económica, "sería algo solucionable, porque podríamos esperar a que aportaran su parte más tarde. En cambio, si se trata de un problema político, porque no creen ni en el Consorcio Regional de Transportes ni en el transporte público y sólo quieren hacer túneles para los coches, entonces esto sería mucho más complicado", dijo este portavoz.

"Conflicto institucional"

El portavoz del Ejecutivo autónomo admitió que de unas relaciones normales entre Ayuntamiento y Comunidad se ha pasado a una situación de conflicto institucional. "Ha sido un cierto ataque por parte del Ayuntamiento su comportamiento en el consorcio", afirma Lissavetzky.

Lissavetzky apunta que los proyectos pendientes en donde se hacía precisa la colaboración entre las dos instituciones, como la ley de capitalidad, la operación urbanística para la recalificación de los antiguos cuarteles de Campamento o la futura ciudad aeroportuaria de Barajas, se mantendrán parados a la espera de observar otra postura municipal más dialogante.

"Para retomar todo este paquete de medidas y proyectos es importante y fundamental que el Ayuntamiento reconsidere su posición en el consorcio", asegura el portavoz del Gobierno regional. "Todo este conjunto y la ley de capitalidad están en standby [paralizados] hasta ver qué pasa con lo del consorcio", añadió.

El Partido Popular presentó el año pasado un proyecto de ley de capitalidad, en el que, entre otros beneficios, se pedía para Madrid, por soportar las presuntas molestias de ser la capital de España, unas compensaciones económicas que se cifraban en 18.000 millones de pesetas.

Sólo lo que el Ayuntamiento deja de percibir en concepto de contribución urbana de los edificios oficiales asentados en Madrid se calcula en 11.000 millones de pesetas, según el PP municipal.

La Comunidad, que en estos momentos tiene la responsabilidad de preparar el borrador de esta ley, no ha llegado a esta contabilidad, según Lissavetzky. "El borrador está como hace un mes, y todavía hay que debatirlo con el Ayuntamiento y los distintos grupos políticos", apuntó.

"El Gobierno central no creo que aporte 18.000 millones para la ley de capitalidad si el Ayuntamiento no aumenta su cuota en el transporte en 6.000 millones", aseguró el portavoz autonómico. "Estamos condenados a entendemos, pero todo se dificultará mucho si no llega ese dinero".