El dilema argelino

LA MANIFESTACIÓN realizada el pasado jueves por el argelino Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), y que convocó a más de 200.000 personas, plantea claramente el grave dilema que vive Argelia tras los resultados de la primera vuelta electoral. Según los resultados provisionales, el Frente Islámico de Salvación (FIS) consiguió 188 de los 430 escaños que tiene el Parlamento, a sólo 28 puestos de la mayoría absoluta, que puede lograr cómodamente en las 144 circunscripciones en las que los integristas se presentan como favoritos para la segunda vuelta del 16 de enero. La demostración de fuerza que supone toda manifestación callejera no parece, con todo, el mejor camino para decidir el futuro de un país que acaba de vivir un proceso electoral en el que las irregularidades han sido denunciadas y para cuya resolución el Consejo Constitucional tiene un plazo de ocho días.El veredicto de las urnas adquiere su gravedad real ante la hipótesis nada improbable de que el poder islámico del FIS consiga una mayoría de dos tercios en la Asamblea Popular Nacional, lo que le permitiría recuperar legalmente desde la Cámara algunas de las prerrogativas que la Constitución de 1989 entregó al presidente de la República, Chadli Benyedid, como es el derecho de veto sobre las leyes. En esta tesitura, un Parlamento dominado en sus dos tercios por el FIS podría arañar otras prerrogativas que se encuentran en manos del presidente de la República, como son el mando del Ejército y el control de la política exterior.

El FIS no ha ocultado en ningún momento su deseo de reformar la Constitución argelina para erradicar los hábitos occidentales e implantar una concepción totalitaria del Corán. Un triunfo electoral que le permita monopolizar el poder político en Argelia y transformar, por tanto, las reglas de juego en detrimento de la propia democracia remite -salvadas todas las distancias históricas- a un precedente como fue el del acceso al poder de los nazis por medios democráticos en la Alemania de 1933. Eso explica en parte el éxito de la convocatoria popular de los socialistas: el temor a un cambio irreversible en detrimento de las libertades y derechos ciudadanos argelinos, y todo ello utilizando -con lealtad o irregularmente, eso lo decidirá el citado Consejo Constitucional- los, mecanismos de un sistema que pretenden destruir.

Las ofertas de aparente diálogo y de comunicación ofrecidas por el portavoz oficial del FIS a la presidencia de la República son el fruto de una estrategia y de una táctica perfectamente -estudiadas. El objetivo de los militantes del FIS es claro: convertir Argelia en una república islámica, es decir, un sistema antidemocrático. Su discurso ha sido durante los tres últimos años lo suficientemente diáfano como para no engañar a nadie. Por otra parte, la cohabitación con el islamismo radical es imposible. La práctica lo ha demostrado ya en la propia Argelia durante los 18 meses en que el poder central, en manos del FLN, y el poder comunal, en manos del frente integrista, han estado permanentemente enfrentados, provocando frecuentes y dolorosos incidentes. Quizá sea esa dualidad en el poder la que explique, de una parte, el lamentable papel electoral de un FLN que lo ha usufructuado desde la independencia nacional con una rentabilidad popular que le sitúa en tercer lugar de las preferencias de voto -por detrás incluso del recién creado frente socialista-, y de otra, el elevado número de irregularidades electorales producidas en un sistema en el que el control local, inmediato, corresponde mayoritariamente a los integristas.

El problema, y aquí surgen las discrepancias en las formaciones políticas, es cómo impedir el triunfo de quienes aspiran a dinamitar el sistema sin vulnerar las reglas de la democracia. El FLN, los socialistas, el Gobierno y un sector del Ejército optan por la vía constitucional, es decir, la que permitirá aclarar las irregularidades denunciadas. Otras organizaciones más radicales u oportunistas -el comunista PAGS y el bereber RCD- pretenden suspender las elecciones, aplazar la segunda vuelta de las legislativas y abrir así un paréntesis en la vida política del país, que permitiría anular el integrismo con métodos policiales y dar tiempo a los partidos democráticos para que se consoliden y puedan continuar después el camino de las urnas.

Desde un punto de vista estrictamente legal, todas las iniciativas posibles -impugnaciones, recursos, terceras vueltas electorales...- deberían surgir desde el respeto a las normas establecidas y, por tanto, ser prioritarias. La calle o la tentación represiva sólo permitirían parchear una situación grave y, sin duda, radicalizarla aún más. El problema está en que la fuerza mayoritaria aspira, precisamente, a impedir para siempre jamás las elecciones democráticas.