Disparate en Sevilla

"UNA EXPLOSION muy grande derribó la puerta, creí que había sido la bombona de butano. Antes de reaccionar, hombres de paisano con cascos de moto en la cabeza y chalecos antibalas entraron a saco y nos encañonaron contra la pared..." Un relato que podría situarse en Soweto, El Salvador o Manila, y que, sin embargo, corresponde a la irrupción de 20 policías en un domicilio particular de Sevilla, España, en la madrugada del pasado domingo. El origen de tan espectacular invasión se debió, al parecer, a la llamada de una vecina que alertó de la presencia de cuatro jóvenes vascos en el domicilio de un saxofonista rockero.Es evidente que las razones que subyacen tras las suposiciones explicativas hay que buscarlas en una cierta psicosis colectiva, sin duda fruto de los atentados que sufrió la ciudad recientemente. La organización terrorista ETA hace tiempo que eligió Sevilla como uno de los escenarios idóneos para su bárbaro concepto de la lucha emancipadora. Eso es algo sabido por las autoridades gubernativas, de ahí el reforzamiento de los efectivos policiales. A ello hay que añadir, también, esa filosoflia gubernamental en la que se ampara la ley Corcuera de que casi todo puede justificarse por la demanda social de seguridad. Todo parece indicar que la conjunción de una cierta histeria colectiva, las ansias de demostrar una eficiencia hasta la fecha escasa y la convicción de que contra el terrorismo todo vale -igual que contra la droga- desembocó en- una actuación ridícula, en la que la prueba tangible que la justificaba se redujo a un peligroso alijo de atún fresco.

Alguien de Interior debe explicar si una simple llamada particular proporciona una base fundada para irrumpir en un domicilio dinamitando la cerradura, pertrechados de armas, cascos y chalecos antibalas. Al margen de que toda la actuación resulta de por sí disparatada, la del delegado del Gobierno en Andalucía es directamente inadmisible: tres días después de liberados los presuntos terroristas sin cargo alguno, el representante del Gobierno de la nación todavía no ha facilitado la menor explicación sobre los hechos -ni parece tener intención de hacerlo-, pese a que del error se desprenden perjuicios a ciudadanos de un Estado de derecho. El silencio no puede encubrir la incompetencia, sobre todo cuando previamente se realizaron manifestaciones públicas en las que se alardeaba de la eficacia policial, una eficacia que, probablemente, deberá ser indemnizada con cargo a los presupuestos. No está mal como augurio de lo que nos puede deparar muy pronto la llamada ley Corcuera.

Si, como se ha dicho en numerosas ocasiones, no está suficientemente demostrado que la policía necesite más facilidades que las ya existentes en el ordenamiento legal para desarrollar su labor, actuaciones como las de Sevilla parecen demostrar que el problema no es tanto legislativo como de sentido común, algo que ni el Parlamento, ni el Gobierno, pueden generar por ley o decreto. Lo que sí pueden hacer, en cambio, es destituir a quien ha demostrado sobradamente su lenguaraz incompetencia.