Hacienda estudia ampliar el plazo de la regularización fiscal

El Ministerio de Economía y Hacienda estudia la posibilidad de ampliar hasta final de mes el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse a la regularización fiscal de 1991. La avalancha de solicitudes para suscribir deuda pública especial en la última subasta del año, cuyo plazo concluyó ayer con más de 600.000 millones de pesetas pedidos, ha llevado al propio Carlos Solchaga a replantearse la posición defendida durante meses de plantear la amnistía como la última oportunidad, sin ampliaciones de ningún tipo. Hacienda no ofrecerá datos oficiales sobre la regularización hasta el próximo martes y ningún portavoz del ministerio quiso ayer confirmar cifras ni posibles nuevas medidas al respecto. Sin embargo, fuentes próximas a los responsables de la regularización indicaron que la Administración se ha visto sorprendida en los últimos días del año por la gran demanda de canje de pagarés del Tesoro con opacidad fiscal, por deuda especial (a seis años, con un tipo de interés al 2,5%), así como por la presentación de declaraciones complementarias. Ello podría llevar al Gobierno a replantearse su posición de partida y ampliar hasta final de mes la posibilidad de acogerse a la regularización.

El sprint final

La amnistía fiscal (Hacienda prefiere hablar de regularización), se inició el pasado mes de julio, en que el Gobierno ofreció a los contribuyentes la posibilidad de normalizar su situación con el fisco mediante una doble vía. Por un lado, las personas que tuvieran dinero negro invertido en pagarés del Tesoro podían canjear esos fondos por una deuda especial a bajo interés que al cabo de seis años podían recuperarse como dinero blanco. Y, por otro, particulares y sociedades tenían también la posibilidad de presentar declaraciones complementarias por rentas no declaradas, sin que éstas fueran sometidas a multa o recargo alguno.Durante las primeras subastas, la afluencia fue prácticamente nula, sin que se llegaran a los 2.000 millones de pesetas hasta el mes de noviembre, que frente a los casi 2 billones de pesetas en pagarés del Tesoro en manos del público era una cifra irrisoria. Sin embargo, el panorama cambié bruscamente con la publicación de las noticias sobre el escándalo de compraventa ilegal de facturas del IVA, en la que estaban implicadas centenares de empresas. A partir de esa fecha, muchos particulares y sociedades decidieron regularizar su situación, llegándose a mediados de diciembre con cerca de 190.000 millones de pesetas de deuda especial suscrita. Esta cifra se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez días del año, en los que se han solicitado cerca de 600.000 millones, con lo que la cantidad total se aproxima a los 800.000 millones de pesetas.