La fiscalía acusa a Mercè Sala de prevaricación por clausurar un edificio irregularmente cuando era concejal de Barcelona

La fiscalía de Barcelona ha acusado a Mercè Sala, presidenta de Renfe, de prevaricación y de atentar contra los derechos fundamentales de las personas, delitos supuestamente cometidos cuando era concejal del Ayuntamiento de la capital catalana. La acusación se basa en una orden -firmada por Sala en marzo de 1990- de cierre del edificio de apartamentos Tamara por una supuesta carencia de licencia municipal como establecimiento hotelero. La fiscalía, que actúa de oficio, ya que el propietario del inmueble retiró su denuncia, considera que esta orden fue firmada a sabiendas de que era injusta.El Ayuntamiento inició el expediente sobre el edificio al recibir quejas de vecinos, que sostenían que en el inmueble se traficaba con drogas. La investigación policial confirmó las denuncias, y el Ayuntamiento ordenó cerrar el edificio porque carecía de permisos para funcionar como establecimiento hotelero.

El fiscal pide para Sala seis años de inhabilitación por prevaricación, y la misma pena por tres presuntos delitos de limitación del ejercicio de los derechos cívicos. Asimismo, se solicita para Sala una pena de destierro y una multa de 300.000 pesetas por cinco atentados contra los derechos de las personas. El fiscal acusa de los mismos cargos -excepto del de prevaricación- a Joan Jubert, entonces coordinador del distrito y uno de los asesores de Sala en Renfe.

La presidenta de Renfe manifestó ayer, a través de un comunicado, que ha recibido la acusación del fiscal "con una completa tranquilidad", ya que entiende haber actuado para luchar contra el narcotráfico y en defensa de los derechos de los vecinos. La Asociación de Vecinos del barrio donde está ubicado el edificio ratificó ayer que Sala obró de buena fe. El mismo inmueble fue objeto de otra operación policial, en agosto pasado, para localizar a la banda de los peruanos, que se dedicaba a asaltar a turistas en las autopistas catalanas y cuyos integrantes fueron expulsados de España. El ministro de Transportes, José Borrell, afirmó ayer al conocer la acusación fiscal contra Sala: "Son los riesgos de intentar hacer el trabajo bien hecho", informa Europa Press.