El Tribunal de Justicia de la CE obliga a renegociar el acuerdo con la EFTA

El tratado entre la Comunidad Europea y los siete países de la EFTA para la ampliación del mercado único sin fronteras debe ser renegociado, según el dictamen vinculante hecho público ayer por el Tribunal de Justicia de la CE. El mecanismo jurisdiccional previsto para arreglar los conflictos entre las partes pone en cuestión la supremacía del derecho comunitario. La anulación de una parte del acuerdo abre un conflicto político, porque Suiza y otros países han anunciado que no están en disposición de modificar el texto.

La propia Comisión Europea reconoce que el tribunal mixto EFTA-CE es incompatible con el Tratado de Roma y que no basta una simple modificación sino que todo el mecanismo jurisdiccional debe ser renegociado. El Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la CE debatió ayer las vías de solución posibles, aunque la nueva fórmula queda pendiente de los estudios a realizar por los servicios jurídicos de la Comunidad.Para los Doce, el objetivo es concluir las nuevas negociaciones en el plazo más breve posible, aunque la presidencia holandesa no podrá sumar este acuerdo a los éxitos del semestre.

El tratado, firmado el pasado 22 de octubre pero pendiente todavía de rúbrica y firma, pretende crear el llamado espacio económico europeo (EEE) a partir de enero de 1993, ampliando el mercado común a los siete países de la EFTA (acuerdo de libre comercio entre Austria, Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia, Islandia y Llechtenstein). Estos países se unirían a la CE en los beneficios de un mercado único que pasaría a tener de 340 a 390 millones de consumidores. El acuerdo constituirá, además, el camino lógico para la primera fase de la ampliación de la Comunidad.

La anulación del. texto de tratado hace recobrar fuerza a los países, como Alemania e Italia, que son partidarios del ingreso directo en la Comunidad de los socios de la EFTA. Austria y Suecia ya tienen presentada su candidatura oficial y Finlandia, Noruega e incluso Suiza podrían seguir sus pasos en breve.

El acuerdo CE-EFTA prevé, en su artículo 238, la creación de un tribunal integrado por cinco jueces de la CE y tres de la EFTA. Asimismo, esa sección de primera instancia estaría compuesta por tres miembros de la EFTA y dos de la CE. Su competencia será juzgar los litigios comerciales y el respeto al principio de libre competencia entre las partes.

Derecho comunitario

Esta instancia máxima de decisión, según el dictamen de 52 páginas del tribunal de Justicia de la CE, pone en cuestión la supremacía del derecho comunitario, uno de los principios, fundamentales reconocidos en el Tratado de Roma, y, más concretamente, va en contra de los artículos 164, 177 y 219 del texto fundacional de la Comunidad.

Al contrario que los Doce con la CE, los países miembros de la EFTA no transfieren soberanía a la autoridad de vigilancia de la asociación de libre comercio. El derecho comunitario es vinculante para las autoridades de los Estados miembros, empresas y particulares. Las decisiones del tribunal mixto tendrían ese carácter para los miembros de la CE, pero no para los de la EFTA.

Incluso, se interroga el alto tribunal comunitario: ¿cómo aquellos de sus jueces que participen en ese organismo mixto podrían aplicar enfoques diferentes a los que dictan las leyes de la CE?. El principal problema es que el nuevo acuerdo tendría entonces efectos legales desiguales a ambos lados del nuevo EEE.

El Acta única que crea el mercado sin fronteras marca el objetivo de avanzar hacia la unidad europea. Sin embargo, el tratado con la EFTA establece diferencias. Sin mencionarlo expresamente, el Tribunal de Justicia de la CE pone en tela de juicio la cesión del sistema legal comunitario aceptada por la Comisión Europea y los Doce a la hora de negociar el texto.

Los países de la EFTA han asumido el compromiso de respetar el cuerpo legal de la CE existente, pero no asumen ninguna obligación sobre las leyes futuras.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad recuerda también su obligación de asegurar la autonomía del sistema jurídico comunitario, que podría quedar subordinado a la hora de zanjar conflictos con la EFTA. No basta sólo, afirma el dictamen, modificar la base legal del tribunal mixto sino que es preciso negociar de nuevo todo el capítulo para eliminar la incompatibilidad de esa institución con la realidad comunitaria.