Táctica del náufrago

EL ESCÁNDALO de la compra de terrenos por Renfe amenaza con agravarse tras la comparecencia del ministro de Sanidad, Julián García Valverde, en el Congreso. El ex presidente de la empresa pública recurrió a la táctica del náufrago: zarandear el bote de salvamento para obligar a quienes lo ocupan a que no le dejen abandonado. Ni estos últimos están por la labor, ni los argumentos del primero convencieron a casi nadie.El entonces ministro de Transportes, José Barrionuevo, se ha desmarcado de los métodos empleados por Renfe. Y el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha negado que su institución tuviera conocimiento previo de la operación.

García Valverde tuvo, sin embargo, un gran acierto: pedir la creación de una comisión investigadora, un hábito parlamentario razonable e infrecuente en nuestro país. El resto de su intervención planteó más interrogantes de los que respondió.

El antiguo presidente de Renfe fue rotundo al afirmar que la compañía sólo fue un gestor urbanístico de una operación acordada y decidida conjuntamente .por todas las administraciones. Pero no aportó datos nuevos sustantivos de la génesis y desarrollo de esas decisiones. Tuvo que escudarse en que "todos los acuerdos no tienen que ser por escrito". De eso se trata precisamente. Las decisiones de las administraciones relativas a la planificación urbanística deben ser por escrito y con publicidad. El Tribunal Supremo acaba de declarar inválidos miles de planes urbanísticos por no haberse publicado íntegramente en los respectivos boletines oficiales. ¿Dónde se cocieron esos acuerdos secretos? ¿Con qué responsables? ¿Con qué conocimiento público? ¿Pueden actuar las administraciones con nocturnidad? ¿Deben recalificar terrenos con el único fin, de incrementar su precio para extraer plusvalías? ¿Qué ocurre con los propietarios de buena fe? ¿Y con el mercado inmobiliario, sobre el que, por ley, no deben especular, sino al contrario, actuar para evitar la espiral de precios?

La Administración no puede escudarse en una falsa necesidad de discreción. Dispone de instrumentos -la expropiación forzosa, el acuerdo público con los propietarios, los consorcios- legítimos, formales y experimentados para conseguir los fines propios con la flexibilidad que sea precisa. La explicación oficial hasta ahora ofrecida parece encajar más en una estrategia para maquinar una multiplicación del precio de los terrenos -con utilización de información confidencial y de intermediarios del hampa inmobiliaria- que en una actuación solvente de sector público.

El actual ministro de Sanidad insistió en su segundo gran argumento para justificar las prácticas heterodoxas de Renfe: el principio de que la Administración está legitimada para apropiarse de plusvalías generadas por su actuación. Y opinó que no hay forma de hacerlo distinta a la utilizada por él. Radicalmente falso: hay forma alternativa. La que respeta los procedimientos legales, como se ha demostrado en múltiples operaciones del sector público en los últimos años realizadas desde Sevilla a Barcelona. La que formaliza en algo más que cuatro líneas dicharacheras el anticipó de 1.800 millones de pesetas de tesorería a una filial, operación que debe someterse a mayores controles... La que no acude a intermediarios implicados en una cadena de fraude fiscal. El déficit de procedimiento -aquí está el gran problema- es justamente lo que hace sospechosa la operación de reducirse a mera especulación en el peor sentido de la palabra, es decir, con ausencia de riesgo empresarial: comprar para vender a futuro a un precio mínimo determinable y cierto.

Quebrantado el procedimiento -esencial en un Estado de derecho-, carece de sentido enarbolar la bondad de los fines que se albergaron. Porque esos fines están contaminados por un modus operandi diseñado de tal modo que incluye casi necesariamente la irregularidad y el fraude fiscal. Así, la apelación a la reversión al público de las plusvalías generadas por la actuación del sector público se convierte en este caso en coartada, en cortina de humo. Aún peor: cuando se coteja el principio con su realización, acaba desacreditando al primero. La supuesta cobertura constitucional con la que ha intentado arropar la operación -el tan citado artículo 47- pretende lo contrario: impedir la especulación del suelo para facilitar el acceso a la vivienda de todos los españoles.

En el caso de Renfe, su actuación ha multiplicado el precio inicial de los terrenos y ha propiciado, también, el enriquecimiento salvaje de toda una cadena de intermediarios particulares, alguno con una notable ficha de delincuente habitual. Y todo ello a costa de los fondos públicos librados anticipadamente para dicha operación por el presidente de la empresa pública. Si es o no delictiva su forma de actuar, corresponde al juez dilucidarlo, y hay que respetar el principio de presunción de inocencia. Pero, de entrada, los procedimientos descubiertos ponen en entredicho la actuación política de García Valverde como responsable de una empresa pública y si su denuncia es cierta, la de otros responsables de la Administración. De lo que se trata ahora es de ver qué respuesta política dan sus superiores a esos procedimientos.