El tercer socio, en prisión

J. Y. / C. M. El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, acordó ayer el ingreso en prisión de Miguel González Fernández, que desde que se destapó el escándalo de las facturas falsas del fraude del IVA se encontraba en libertad bajo fianza de medio millón de pesetas.

González, socio junto con Carlos de Juan Villa y José Antonio Cardós Pastor en el Consorcio Eléctrico Madrileño (CEMSA), declaró ante el titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional nada más iniciarse las investigaciones, pero el magistrado estimó que su intervención en el negocio fraudulento era menor que la de sus socios.

CEMSA aparece también implicada en la operación de revalorización artificial de terrenos llevada a cabo en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Esta empresa consiguió unos ingresos próximos a los 400 millones por este asunto.

No obstante, Miguel González fue llamado ayer nuevamente a declarar ante el juez. Tras la diligencia judicial el magistrado decretó su ingreso en prisión incondicional. La medida, según fuentes próximas a la investigación, obedece a que en los últimos documentos intervenidos a otros implicados y que han sido incorporados al proceso aparecen nuevas pruebas que le relacionan directamente con la operación.

Otro de los implicados, Carlos de Juan, pidió el pasado sábado un encuentro en solitario con el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras. En la entrevista celebrada el pasado día 30 de noviembre por la tarde en la prisión Meco, De Juan ofreció al magistrado su máxima colaboración facilitando pruebas contra otros implicados a cambio de que fuera posible su libertad. El magistrado rechazó el ofrecimiento.