Hacienda pide a la Fiscalía la iniciativa para regularizar a los compradores de facturas falsas

Representantes de Hacienda han pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le deje la iniciativa en las actuaciones contra las 601 empresas que supuestamente compraron facturas falsas de IVA. Hacienda pretende así dar a estas empresas la oportunidad de que regularicen su situación fiscal antes de que pueda plantearse contra ellas un proceso penal. La Fiscalía, por su parte, quiere llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias y para ello ha pedido al Ministerio de Hacienda que le proporcione dos peritos para que se pueda actuar con celeridad y contundencia.Este debate fue planteado enel curso de una reunión que mantuvieron el pasado lunes el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda; el fiscal de delitos económicos, Manuel Villanueva; los comisarios del Servicio Central de Policía Judicial, Marcelino Gutiérrez, y de la sección de Delincuencia Económica y Financiera, Gabriel Ángel Panizo, con la delegada regional de Hacienda en Madrid, María Luisa Romero, y un inspector fiscal en cargado del caso. En la reunión, los representantes de Hacienda hicieron notar que las empresas que compraron facturas falsas de IVA tienen ahora la oportunidad de regularizar su situación como cualquier otro defraudador. Hacienda pidió llevar la iniciativa porque la apertura de un proceso judicial echaría por tierra la posibilidad de una regularización; ninguna de las empresas se acogería a ella si no tiene todas las garantías de que quedará libre desde todos los puntos de vista, incluido el penal.Regularización

El hecho es que el descubrimiento de estas redes de falsificación de facturas del IVA ha coincidido, precisamente, con el periodo de regularización fiscal que termina el próximo 31 de diciembre. Las empresas que han comprado estas facturas tienen la posibilidad de comprar deuda pública especial por deudas pendientes y así quedar libres de las responsabilidades administrativas derivadas del fraude fiscal. Desde el punto de vista penal, sólo un juez podrá determinar si existe delito fiscal -cuando el fraude supera los cinco millones de pesetas-, pero no sería normal que se abra un proceso para exigir una deuda que previamente se ha pagado.

El problema en este caso es que sólo podrán regularizar mediante la compra de deuda especial las cantidades defraudadas por el impuesto de sociedades. De hecho, la compra de las facturas falsas del IVA ha sido utilizada, en muchos casos, para justificar pagos de comisiones en dinero negro. Ello se ha reflejado en el impuesto de sociedades, ya que las empresas han camuflado de esta forma beneficios que, de otra forma, habrían aflorado.

Pero además, las empresas se han podido deducir el IVA falsamente pagado en sus declaraciones de este impuesto. En este caso, las empresas implicadas sólo podrían regularizar mediante declaraciones complementarias -sin pago de intereses y sin sanciones-, lo que sólo es posible cuando la inspección no ha iniciado actuaciones.Los fiscales presentes en la reunión discreparon con los inspectores de Hacienda en cuánto a la petición de un margen de tiempo para que las empresas se acojan a alguna de estas posibilidades. "La justicia debe ser igual para todos",. según expresaron. De hecho, los fiscales han pedido dos peritos de Hacienda para que puedan resolver sobre la marcha las dudas que puedan surgir sobre las prácticas fiscales de las empresas compradoras de facturas falsas del IVA.

Para ello, utilizarán la información facilitada por Hacienda que consiste en una relación de las empresas compradoras de facturas. Esta lista proviene del cruce de los datos contenidos en los diskettes proporcionados por el acusado José Antonio Cardós, con los que figuran en los ordenadores de Hacienda, para establecer los casos en que han existido relaciones comerciales declaradas.

A juicio de Hacienda, el hecho de que hayan aparecido 601 empresas en los ordenadores no implica que la totalidad de esas relaciones comerciales fueran ilegales. Alegan el precedente del caso Rumasa, en que en los primeros momentos se facilitó un listado de empresas en las que Rumasa tenía participación, que luego se demostró que no tenían problema alguno de solvencia, porque la participación de Rumasa era mínima.

Actuación coordinada

En la reunión se acordó una actuación coordinada de la Fiscalía, la Policía y Hacienda y concluir el asunto de las facturas falsas del fraude del IVA antes de abordar los negocios irregulares en la transmisión de inmuebles.

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, afirmó ayer que desconocía la existencia de la reunión, y por tanto que Hacienda hubiera pedido a los fiscales que no persiguieran a las empresas compradoras de facturas falsas. Torres precisó que "la postura de la Fiscalía en este caso no es de inhibición, sino de llegar adonde haga falta".

Por su parte, el fiscal encargado del caso del fraude del IVA, Manuel Villanueva, no quiso ayer confirmar ni desmentir las discrepancias con Hacienda, aunque insistió que cumplirá con su deber de perseguir todos los delitos de los que tenga conocimiento. Por su parte, el Ministerio de Hacienda niega que hayan existido estas discrepancias con la Fiscalía.