Ferrovial, Alcatel y Ginés Navarro, implicadas en la compra de facturas en el fraude del IVA

Las constructoras Ferrovial, Ginés Navarro y Cementos y Construcciones son tres de las empresas que compraron facturas falsas a sociedades ficticias o inactivas para eludir el pago de impuestos a Hacienda, según consta en las declaraciones judiciales de algunos de los implicados. Por otra parte, este periódico ha tenido acceso a una de las facturas relativas a pagos efectuados por Alcatel a favor de Inmobiliaria Villargo, SA, una de las empresas fantasma utilizadas por José Antonio Cardós, encarcelado en la actualidad por el fraude del IVA y condenado antes por estafa y falsedad.

La mayoría de los titulares de las entidades fantasmas que emitieron los documentos percibieron por sus irregulares servicios un 6% de la cuantía total de los recibos, aunque en algún caso la comisión se elevó al 7% e incluso hasta el 10%.Las empresas vendedoras de las facturas, cuyos titulares eran Carlos de Juan Villa y José Antonio Cardós Pastor, no declaraban al fisco en muchas ocasiones la existencia de los documentos, ni tampoco ingresaban el importe correspondiente al IVA.

Fuentes oficiales de Ferrovial manifestaron ayer: "En la actualidad, todas las empresas del grupo Ferrovial están rigurosamente al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

Un portavoz autorizado de Ginés Navarro -perteneciente al Grupo March- explicó: "Ninguna de las empresas del grupo han eludido el pago de impuestos". Dicho portavoz admitió que en el pasado se mantuvieron contactos esporádicos con algunas de las empresas mencionadas en los últimos días, aunque luego "siempre hemos reflejado estas operaciones en la contabilidad".

Durante el día de ayer redactores de este diario intentaron, sin éxito, ponerse en contacto con algún representante de Cementos y Construcciones, cuyo administrador solidario es Carlos de Juan Villa, preso por este caso.

La empresa Alcatel Standard Eléctrica mantenía relaciones comerciales con una de las empresas que han aparecido implicadas en la red de fraude investigada por el juzgado de delitos monetarios de la Audiencia Nacional. Alcatel abonó un total de 36.467.200 pesetas a Inmobiliaria Villargo, SA, una de las empresas presuntamente implicadas en la emisión de facturas falsas del IVA, según consta en una factura sellada por ésta última con fecha 18 de noviembre de 1988.

Otro documento con idéntica fecha, también de Inmobiliaria Villargo SA, detalla que ese pago se debe "a la comisión acordada por nuestras gestiones y asesoramiento en la venta de terrenos propiedad de la compañía, segun nuestra oferta de fecha 11 de junio de 1988". Esta factura recoge que el importe global de la operación es de 36.467.200 pesetas, es decir 32.560.000 pesetas más el 12% de IVA (3.907.200 pesetas).

Fuentes de la compañía Alcatel, que aseguran llevar "una exacta contabilidad", afirman que la única relación que han mantenido con Inmobiliaria Villargo SA se produjo en 1989. En los listados oficiales de clientes y suministradores con una cifra de negocio superior a 500.000 pesetas de Alcatel aparece un pago de 31.360.000 pesetas. Los dos documentos coinciden en el número de CIF de Inmobiliaria Villargo, SA (A-28/618940), si bien discrepan en cuanto al domicilio social.

Nuevos implicados

Ayer compareció en la Audiencia Nacional Enrique Esparcia Ramos, otro de los presuntos implicados en la venta de facturas falsas. Esparcía, propietario de un supermercado en la localidad manchega de Alcázar de San Juan, se presentó voluntariamente a declarar ante el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras. El magistrado ordenó su ingreso en prisión sin fianza.

Fernando Sánchez Arlandi, que fue detenido el pasado jueves en Málaga, por su presunta participación en el fraude del IVA, fue trasladado ayer a dependencias policiales de Madrid, a la espera de pasar a disposición judicial.

El juez Miguel Moreiras abrió ayer diligencias previas por delito de revelación de secretos contra la abogada Piedad Jara Novillo, defensora de José Antonio Cardós y contra el ex sargento de la Guardia Civil José Luis Cervero, por la filtración de informaciones referentes al caso.