Los políticos franceses, ausentes en los juicios por financiación ilegal

Ni un solo político se sienta en el banquillo de los acusados de los dos grandes juicios por financiación ilegal de las actividades políticas que se celebran esta semana en París. Tan escandalosa paradoja se debe a las leyes de amnistía o autoblanqueo votadas en 1988 y 1990 por el Parlamento francés. Ante los jueces desfilan empresarios e intermediarios, pero no los ministros, diputados y alcaldes que se beneficiaron de sus trapicheos.El juicio de las falsas facturas de las empresas de la construcción de la región Ile-de-France comenzó ayer en la Cámara Correccional de París. En el mismo marco se abrirá mañana el de las falsas facturas del Sureste. Numerosos especialistas creen que la coincidencia en el tiempo de ambas vistas es el fruto de una política de "equilibrio del terror" practicada por el poder socialista. El juicio comenzado ayer ensucia sobre todo a la derecha; el que se abre mañana es la pesadilla de Franoçois Mitterrand y los suyos.

En el primero de los casos, dirigentes de varias grandes empresas de la construcción de la región parisiense van a tener que explicar el destino de un total de 500 millones de francos (9.000 millones de pesetas) cuyo gasto fue justificado con falsas facturas. Hay 63 procesados, entre ellos el presidente de la Cogédim, una filial de Paribas, y el presidente de la SCREG, del grupo Bouygues. Hasta el presente, todos los acusados se han negado a declarar quiénes eran los beneficiarios del dinero desviado. Los socialistas afirman en voz baja que se trataba del partido de Jacques Chirac.

El asunto del miércoles está más claro. Hay nueve procesados, entre ellos Gérard Monate, presidente de Urba-Graco, la supuesta oficina de estudios del Partido Socialista (PS). A Urba-Graco se le acusa de haber justificado con falsas facturas el dinero recibido de la SORMAE, filial meridional de la gran empresa de obras públicas SAE para el PS.

El poder socialista

El poder socialista ha hecho todo lo posible por enterrar el asunto Urba-Graco. Tres investigadores consecutivos -el inspector de policía Antoine Gaudino, el juez Thierry Jean-Pierre y el diputado ecologista europeo Gérard Monnier-Besombes- se han dado de bruces con la muralla levantada en torno a este caso. Los 27 socialistas citados inicialmente en el sumario fueron amnistiados por la ley de enero de 1990.Los juicios de esta semana siguen a la publicación del informe de la comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales.

El informe asegura que todos los partidos recurrieron a las falsas facturas, y, lo que es más grave, que siguen haciéndolo. Henri Nallet, ex tesorero de la campaña presidencial de Mitterrand y actual ministro de Justicia, acaba de justificar el procedimiento argumentando que los partidos carecen de recursos.