Merce Sala admite que Renfe compró terrenos en San Sebastián de los Reyes para especular

Mercé Sala, actual presidenta de Renfe, admitió ayer a Radio Nacional de España (RNE) que la compra de terrenos en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes por parte de la compañía ferroviaria tenía fines especulativos. Izquierda Unida, por su parte, presentará hoy una denuncia contra los antiguos directivos de la compañía ferroviaria, entre los que se encuentra el actual ministro de Sanidad, Julián García Valverde, por malversación de fondos públicos y prevaricación.

Mercé Sala declaró ayer durante una entrevista concedida a RNE que las operaciones especulativas de Renfe en San Sebastián de los Reyes eran conocidas por el consejo de administración de la compañía. Justificó que su finalidad era la obtención de beneficios con los que pagar la ampliación de una línea de tren hasta Alcobendas.Sala intentó restar importancia a la actuación de Renfe y dijo que el tipo de operaciones efectuadas por la compañía son "habituales en los países más desarrollados".

Izquierda Unida ha presentado una denuncia contra anteriores directivos de la compañía, entre los que se encuentra el actual ministro de Sanidad, Julián García Valverde, por su implicación en supuestas actividades fraudulentas (malversación de fondos públicos y prevaricación).

García Valverde, por su parte, declaró no sentirse preocupado ya que las operaciones habían sido perfectamente legales, "como se demostrará en su momento". En unas manifestaciones a la cadena SER, el ministro reconoció que él mismo autorizó el anticipo de 1. 800 millones de pesetas a la filial Equidesa para la compra irregular de terrenos, "es una gestión más de las que se hacen en las empresas todos los días", dijo restándole importancia. La presunta implicación del ministro de Sanidad en las irregularidades financieras cometidas durante su presidencia de Renfe fueron ayer también denunciadas por el empresario inmobiliario, Cristian Jiménez, quien se considera representante de la acción popular, informa Europa Press. Jiménez ya se querelló contra el caso Filesa el pasado mes de octubre.

"Ciertas negligencias"

El director general del Patrimonio de la compañía, Raimon Martínez Fraile, admitió ayer, en unas declaraciones a TVE, una "cierta negligencia en la asesoría de Renfe a la hora de llevar a cabo las operaciones de compra de terrenos". Renfe pagaba por los terrenos un precio muy distinto, en ocasiones hasta el triple, de lo que alguna de las compañías instrumentales había pagado. Este tipo de operaciones ocurría, a veces, en el mismo día.

Martínez Fraile dijo que "las compras de terrenos se llevaron a cabo hace año y medio, y que al ver que las empresas de las que se habían adquirido presentaban un cariz no muy limpio fueron el propio Ministerio de Obras Públicas y Renfe los que pidieron a Hacienda que fuesen investigadas".Algunas de estas sociedades implicadas en la compra-venta irregular de terrenos lo está también en el fraude del IVA que investiga la administración. Se calcula que un total de 500 empresas se han beneficiado del fraude de las facturas falsas del IVA descubierto en Madrid, lo que puede superar en "muchas decenas de miles de millones" la cifra de 30.000 que se estimó en un principio, según informaron a Efe fuentes de la investigación.

Estas fuentes agregaron que hasta el momento se han detectado 52 empresas inexistentes, a cuyo nombre se expedían facturas falsas que luego eran vendidas a las otras 500 reales, de las que se beneficiaban fiscalmente. En ciertos casos, una sola empresa llegó a adquirir 3.000 facturas falsas del IVA.

La actuación fraudulenta de los detenidos comenzó en 1986 y algunas de las empresas implicadas como compradoras de facturas falsas empezaron a operar en esa fecha, por lo que la documentación que se está analizando se refiere a los ejercicios fiscales de 1986, 1987, 1988 y 1989.

Un equipo de investigadores compuesto por miembros del grupo central de la policía judicial de Madrid, junto con expertos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Seguridad Social analizan las facturas, discos de ordenador y otros documentos que llenan dos habitaciones, según las mismas fuentes.