El fraude del IVA con facturas falsas es ya de 100.000 millones

La cuantía del fraude de las facturas falsas del IVA descubierto por Hacienda en toda España desde las primeras investigaciones de Barcelona, que se iniciaron en octubre de 1990, asciende ya a 100.000 millones de pesetas en bases imponibles no declaradas. El ministro de Economía, Carlos Solchaga, informó ayer en Sevilla de que el descubrimiento de una de estas redes de falsificación fue lo que llevó a la detención anteayer en Madrid de ocho personas por un fraude estimado en 30.000 millones de pesetas.

El ministro añadió que la operación de Madrid se ha llevado a cabo por iniciativa judicial, y que en ello "el Ministerio de Hacienda ha prestado un apoyo logístico, como es su obligación". Para el ministro, "estas noticias demuestran que cada vez es más difícil defraudar a Hacienda". En su opinión, hace 10 años también existía fraude fiscal, pero nadie lo reprimía. Ahora, añadió, "puede parecer que se defrauda más, pero la realidad es que se persigue mejor".El mecanismo utilizado es la emisión de facturas a nombre de empresas inexistentes, que luego son compradas por empresas en funcionamiento, que descuentan de sus declaraciones los pagos de IVA supuestamente efectuados a las primeras.

Los ocho detenidos en Madrid pasaron ayer a disposición de la Audiencia Nacional, donde prestaron declaración ante el juez central de instrucción número 3 y uno de ellos quedó en libertad. Las diligencias, que se iniciaron el pasado 21 de octubre, tenían como objetivo "averiguar las empresas y responsables de las mismas que venían emitiendo facturas falsas en las que se hacía constar el recargo sobre el importe por el impuesto del IVA", según el juzgado.

Como resultado de las primeras diligencias se ha determinado un gran número de empresas constituidas como sociedades instrumentales que se dedicaban a emitir facturas falsas, que eran compradas por otras empresas que las utilizaban para rebajar los beneficios de sus actividades y pagar menos a Hacienda. Algunas de las personas implicadas han intervenido como agentes mediadores en la compraventa de inmuebles y contratos de arrendamientos, realizando las llamadas "interposiciones".

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