Madrid tiene 1.000 viviendas sociales que se encuentran ocupadas de forma irregular

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) calcula que en la actualidad hay en la región unas 1.000 viviendas sociales ocupadas de forma ilegal o anómala. Precisamente tres matrimonios madrileños-dos de Vallecas y uno de San Blas-tendrán que dejar hoy sus casas si no quieren que la policía los desaloje por la fuerza. Los tres matrimonios aseguran que no tienen adónde ir ni recursos económicos. El Ivima está cursando expedientes de desahucio contra todos los moradores ilegales, y asegura que muchos de ellos se apoderaron de las viviendas "dando una patada a la puerta".

El Ivima, que dispone de unas 100.000 viviendas en Madrid revela que algunas de las familias beneficiarias en su día de viviendas las han vendido -algo que es ilegal- o las mantienen vacías, a pesar de la gran demanda de casas sociales que existe.Este organismo dispone de 12 autorizaciones judiciales que supondrán el desalojo inminente de otras tantas familias que ocupan viviendas de forma irregular. "Cuando advertimos una irregularidad, lo primero que hacernos es abrir un expediente administrativo que, una vez cumplimentado, lo remitimos al juez para que autorice el desalojo. Hay jueces que tardan un año en dar permiso; por eso a veces se tarda tanto en desalojar una casa ocupada ilegalmente", aseguran fuentes del Ivima.

De hecho, para hoy, martes, estaba previsto el desalojo de tres familias, dos de Vallecas y una de San Blas, que ocuparon hace varios años una casa de forma violenta, según el Ivima. Sin embargo, a última hora de la mañana de ayer, el presidente del Ivima, Miguel Ángel Pascual, prorrogó el desalojo de las dos familias de Vallecas durante unos días.

Los vecinos del bloque en el que viven estas dos familias, situado en la calle del Campo de la Paloma, número 2, indicaron ayer, antes de conocer la prórroga concedida, que estaban dispuestos a alojarlas "en el cuarto de contadores".

"Nos han dicho que no nos van a echar por la fuerza, pero que vayamos buscando ya otra vivienda, pero no sabemos dónde ir ni tenemos recursos", señaló María José López Espinosa, una de las dos vecinas afectadas por el inminente desahucio. Estas dos familias han pagado su parte de comunidad, luz, gas y agua durante los tres años que han ocupado sendos pisos, lo mismo que el matrimonio de la avenida de Hellín, número 31, de San Blas, compuesto por Antonio Calderón Mora y Concepción Mateos. Hace dos años y medio se metieron en la casa porque vieron que "estaba vacía" y no tenían donde vivir, aseguran.

Concepción trabaja en una fábrica textil, y él está en el paro. Es vidriero, y sólo tiene "trabajillos" esporádicos. Ella gana unas 60.000 al mes, lo que impide que les otorguen la casa, ya que siempre les dicen que supera el salario mínimo interprofesional. El pasado viernes recibió una carta que hace referencia a una resolución judicial fechada en diciembre del año pasado. En ella, el juez les dice que el martes [hoy para el lector], a la diez de la mañana, tienen que dejar la casa.

Recibieron esa carta el viernes pasado, y se quejan de que ni siquiera les dejan tiempo para arreglar los papeles o intentar hacer algo. No saben qué hacer ni adónde acudir. En esta casa, dicen, había cuando entraron ellos como cinco o seis pisos vacíos.