Vecinos de Valencia afectados por la riada de 1982 se niegan a dejar sus casas

Un total de 16 familias recibieron ayer del consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Comunidad Valenciana, Eugenio Burriel, las llaves de sus viviendas en el nuevo pueblo de Gavarda, construido en un emplazamiento distinto después de quedar arrasado -al igual que Beneixida, también trasladado de lugar- por la riada de 1982. Las demás viviendas -hasta las 381 construidas- serán entregadas sucesivamente. Algunos vecinos de Gavarda que se oponen al traslado mostraron su contrariedad porque la Administración les niega la posibilidad de permanecer en sus viejas casas.

El nuevo pueblo de Gavarda ha sido construido a escasa distancia del antiguo asentamiento, sobre una loma que hace imposible la repetición de una pantanada como la de octubre de 1982 -que, por otro lado, difícilmente se producirá con las obras que se realizan en la actualidad en la presa de Tous. El traslado, valorado globalmente en unos 6.400 millones de pesetas, ha sido polémico.La decisión del traslado fue adoptada mediante una consulta popular convocada por el Ayuntamiento de Gavarda pocos días después de la riada, cuando el barro aún permanecía en las calles y en las casas de este pueblo de la comarca de La Ribera. Esta decisión en caliente fue reconsiderada posteriormente por muchos vecinos.

Ahora son en total unas 70 familias las que se niegan a trasladarse y prefieren permanecer en el antiguo núcleo urbano, que, por otra parte, ha recuperado su antiguo aspecto. La mayoría de estas familias no ha solicitado casas en el nuevo pueblo y ve cómo el proceso de expropiación de sus propiedades en el antiguo asentamiento amenaza con dejarles sin vivienda.

Sin embargo, el acuerdo marco suscrito, por las diversas administraciones para proceder al traslado de Gavarda a un nuevo emplazamiento no permite la posibilidad de mantener vivo el antiguo asentamiento, destinado a ser derruido.

El nuevo asentamiento de Gavarda cuenta con 381 viviendas. Los vecinos del nuevo pueblo han tenido que pagar entre 2,6 y 4 millones de pesetas por sus viviendas.