Los ayuntamientos reclaman 300.000 millones al Gobierno por los tributos de 1990 y 1991

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) considera que el Gobierno debe aumentar en 110.000 millones de pesetas las cantidades que ha decidido abonar a los ayuntamientos y las diputaciones en concepto de participación en los tributos del Estado por el ejercicio de 1990. La reclamación que los miembros de la FEMP realizarán por el ejercicio de 1991 puede elevar esta cantidad a los 300.000 millones de pesetas, según las primeras estimaciones no oficiales de la federación.

La reclamación es consecuencia de la distinta interpretación que ambas partes dan a la metodología de cálculo acordada en la ley Reguladora de Haciendas Locales para determinar la participación de los ayuntamientos y las provincias en los tributos del Estado. Según la lectura de los ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, esta participación debe tomar como modelo el crecimiento del gasto público equivalente en las comunidades autónomas del artículo 143 (las llamadas de vía lenta). Para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el acuerdo se basó en todo momento en el crecimiento del gasto público equivalente del Estado.Según la tesis gubernamental, el crecimiento fue del 18,78%, por lo que los ayuntamientos deben recibir por este concepto un total de 514.327 millones de pesetas por el ejercicio de 1990 y las diputaciones provinciales y cabildos 332.590 millones de pesetas. La FEMP reclama un aumento del 34,28%, lo que se traduce en 581.451 millones para los ayuntamientos (67.124 millones más de los admitidos por Hacienda) y 375.996 para los entes provinciales (43.406 millones más). En total, la FEMP reclama 957.447 millones de pesetas, mientras el Gobierno ha fijado una participación definitiva de 846.917 millones de pesetas, equivalentes a 110. 5 3 0 millones de pesetas menos. Los primeros cálculos oficiosos de la federación estiman que para el actual ejercicio de 1991, la diferencia entre los ratios aplicados por Hacienda y los que defiende la FEMP significarán una diferencia próxima a los 190.000 millones de pesetas, por lo que el litigio para el conjunto de los dos ejercicios se aproximará a los 300.000 millones de pesetas.

Acuerdo quinquenal

En 1988, el Gobierno y las corporaciones locales acordaron una cantidad fija de participación de éstas últimas en los tributos del Estado en el quinquenio 1989-93, que se estableció en 433.000 millones para los ayuntamientos y 280.000 para las provincias en el primer año. Esta cantidad se incrementaría cada año teniendo en cuenta el crecimiento del gasto equivalente (GE), del Producto interior Bruto (PIB) y del conjunto de ingresos del Estado (ITAE) descontados los de las comunidades autónomas. Así, para decidir la dotación de 1991 se parte de la cifra inicial pactada más, el porcentaje de crecimiento de 1990 más el porcentaje de aumento del propio 1991. De esta forma, la divergencia de cifras para 1991 será mayor que la de 1990 ya que no sólo parte del desacuerdo sobre qué porcentaje se ha de aplicar, sino también sobre qué cantidad se ha de aplicar ese porcentaje.Según el ministro de Administraciones Públicas, el recurso a los tribunales es "una declaración de guerra" del presidente de la FEMP, el alcalde de Valladolid Tomás Rodríguez Bolaños.

Según el alcalde de Mataró, Manuel Mas, los municipios han decidido romper las negociaciones que ambas partes sostenían sobre estas discrepancias y preparar su recurso a los tribunales a raíz de que el Gobierno introdujera una disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de 1992 destinada a fijar los criterios definitivos para calcular este aumento. En la disposición se fijan unas ponderaciones fijas para determinar el índice de evolución del gasto equivalente del Estado.

Según los municipios, este índice es prácticamente idéntico al que se utiliza con las comunidades autónomas del artículo 143, por lo que sostienen que es el gobierno quien ha roto la negociación al intentar aprovechar la discusión presupuestaria para rectificar a su favor los acuerdos de 1988. En consecuencia, han acordado llevar sus reclamaciones a los tribunales. Los recursos han de ser presentados por cada municipio -y no por la propia federación- cuando, probablemente en noviembre próximo, Hacienda materialice la liquidacón definitiva del ejercicio de 1990.