La aprobación de la ley de la 'mili', pendiente de que el PP le dé hoy su apoyo

La aprobación de la nueva Ley del Servicio Militar, que debería aplicarse a los 200.000 jóvenes que serán sorteados el domingo -su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 1992-, depende de que el Grupo Popular dé hoy su voto afirmativo al proyecto del Gobierno en el Pleno del Congreso. La decisión del Grupo Catalán de abtenerse en la votación de la ley, tras una negociación en la que el PSOE le llegó a ofrecer la exención de la mili para quienes firmen por cinco años con las policías autonómicas, ha dejado en manos del Grupo Popular el futuro del proyecto.

La Ley del Servicio Militar tiene carácter orgánico por lo que el PSOE necesita el voto favorable, y no sólo la abstención, de algún otro grupo para aprovarla. Pedro Moya, del Grupo Socialista, y Santiago López Valdivielso del Grupo Popular, negociaban ayer tarde el apoyo del principal partido de la oposición al texto. Este apoyo parecía probable, pero no seguro. El último tema en disputa era el referido al envío de soldados de remplazo al extranjero.El PSOE rechazó una enmienda de los populares que exigía la aprobación de un decreto para que pudieran participar reclutas en misiones militares fuera de España. Los socialistas se negaron a esa pretensión con el argumento de que los decretos son recurribles ante los tribunales y, en su opinión, una medida de este tipo no debe estar sujeta al control judicial, sino sólo al político a través del Parlamento. El Grupo Popular se mostró dispuesto, no obstante, a admitir una fórmula que dejara claro que sólo en situaciones excepcionales se mandarán al extranjero jóvenes que estén cumpliendo la mili.

Pedro Moya entregó el martes por la noche al Grupo Popular y al Catalán las enmiendas transaccionales que el PSOE presentará en el pleno de hoy. Además de la que ampliaba a los policías autonómicos la exención de la mili prevista para la policía nacional, que fue retirada al frustrarse el pacto con los catalanes, otra de las enmiendas afecta a la disposición más controvertida del texto, la que regula el acceso a empleos públicos.

En su nueva redacción, el artículo no dice que quienes hayan cumplido la mili, la prestación sustitutoria o estén exentos de ambas tendrán preferencia para el acceso a empleos públicos, sino que señala que "para el ingreso en las Administraciones Públicas los españoles deberán acreditar estar al corriente de las obligaciones previstas en el artículo 30.2 de la Constitución"; es decir, de la mili o el servicio civil. La nueva redacción, que según fuentes del Grupo Socialista podría sufrir cambios de última hora, convierte la preferencia en requisito, por lo que es más contundente que el anterior, pero en cambio no perjudica, como ocurría antes, a quienes tengan prórroga para el servicio militar o la prestación.

El veto para el acceso a empleos públicos se limita así a insumisos y desertores. En la justificación de motivos se dice que, entre los objetivos, está "evitar el acceso a puestos de trabajos en las Administraciones Públicas a personas que se niegan a cumplir sus obligaciones constitucionales".