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LA POLÉMICA "LEY CORCUERA"

El Grupo Socialista rechazó el 80% de las enmiendas propuestas por sus propios diputados

El debate sobre la ley Corcuera en el Grupo Socialista fue más rico y plural de lo acostumbrado. La troika, la autoridad que representa las decisiones del partido, descartó la presentación del 80% de las enmiendas propuestas por sus diputados pertenecientes a la Comisión de Justicia e Interior. El debate en comisión se inició ayer con aproximaciones de los portavoces del PSOE a los partidos nacionalistas en busca de su apoyo final. La primera concesión de fondo a CiU y al PNV ha sido un compromiso para reconocer de forma expresa las competencias de las autoridades y las policías autonómicas.

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El cuerpo les pedía a los socialistas más enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que las 13 finalmente presenta das a trámite, según han informado. fuentes del grupo mayoritario. Pero el presidente y portavoz del grupo, Eduardo Martín Toval, y los secretarios, José Beviá y Francisco Arnau, descarta ron la mayoría de las propuestasEl argumento empleado fue doble. Según los dirigentes del grupo, era necesario guardar un amplio margen de maniobra para aceptar, parcialmente y pactar enmiendas de la oposición Hubo una segunda razón, no relacionada con la estrategia parlamentaria, de más calado político

La troika presidida por Eduardo Martín Toval insistió en la necesidad de no dar una imagen . excesiva de división y enfrentamiento con el proyecto del Gobierno. Algunos diputados socialistas se han lamentado de que el recorte de enmiendas se haya producido, aunque no responsabilizan en exclusiva a los dirigentes de su grupo.

"Los medios de comunicación", aseguran, "también es cierto que simplifican ymiagnifican estas cosas y convierten a veces las diferencias de opinión o la pretensión de enriquecer algo con nuevos matices en puros y simples enfrentamientos".

Las diferencias de algunos diputados del PSOE con aspectos concretos de la ley Corcuera eran conocidas por la opisición De hecho, algunos grupos ínten taron que CiU y el PNV, las dos únicas formaciones que no lo hicieron, presentaran también enmiendas a la totalidad. El objetivo era, con el voto en contra de la ley de losdos grupo nacionalistas, forzar una vota ción secreta y tratar de atraer algún o algunos votos indisciplina dos de los socialistas. De haber prosperado la idea, el proyecto podía haber sido rechazado. El PSOE cuenta en la Cámara con 174 diputados, uno más que toda la oposición, sin contar con los cuatro representes de HB.

Aproximaciones

El PSOE inició ayer movimientós de aproximación hacia los grupos nacionalistas, durante el debate en comisión de la ley, para intentar ganar su apoyo al proyecto. Los socialistas se comprometieron a un reconocimiento explícito de las competencias de las autoridades y policías autonómicas, juzgado aún insuficiente por CiU y el PNV.

El PP aprovechó para dirigir al PSOE un llamamiento a la negociación con el fin de "mejorar" el proyecto y llevarlo a la senda constitucional". "Queda mucho tiempo", señaló su diputado Rogelio Baón.

Los portavoces socialistas, Álvaro Cuesta y Pere Jover, se esforzaron en ofrecer una imagen de diálogo y flexibilidad durante la sesión, aún manteniendo una cerrada- defensa de la constitucionalidad del proyecto de ley Corcuera. Aceptaron transacciones en prácticamente todos los aftículos abordados ayer, los 13 primeros. En la mayor parte de los casos se trata de correcciones y aportacionés complementarias.

El primer cambio de fondo se inició cuando los socialistas aceptaron la supresión del los términos "del Estado" al citar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como habían pedido Emilio Olabarría, del PNV; JosepMaría Triás de Bes, de CiU, y Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna (EA). Luego anunciaron un reconocimiento expreso, mediante una disposición adicional, de las competencias de las comunidades autónomas que las tengan reconocidas en sus respectivos estatutos. Esta modificación la habían solicitado todos los grupos de oposición. La vía escogida para satisfacer las demandas de los nacionalistas, una referencia a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fue considerada insuficiente por todos ellos. Argumentaron que las competencias de las comunidades no proceden de la citada ley, sino,de la Constitución y de los estatutos, y consideraron necesario referirse directamente a éstas.

Los socialistas están decididos a buscar un acuerdo para corregir lo que Trías de Bes, Koro Garmendia, de Euskadiko Ezkerra (EE), y otros nacionalistas creen "un absoluto desconocimiento de la estructura autonómica del Estado" en el proyecto.

Frente a la patente orientación del Grupo Socialista en busca del apoyo de CiU y PNV, el portavoz del primer grupo de la oposición, Rogelio Baón, realizó un llamamiento para que el PP sea tenido en cuenta. El PP, según Baón, "está plenamente de acuerdo con los fines implícitos de la ley" pero "tal y como está" el proyecto, lo considera "un error mayúsculo

Baón pidió seguir negociando entre el debate en comisión, que finaliza hoy con los artículos más polémicos, y la discusión en el pleno, previsto para noviembre. Los populares pretenden correcciones de fondo sobre la ampliación de las potestades gubernativas e introducir una enmienda para modificar el Código Penal y volver a considerar delito el consumo público de dróga.

Los grupos de oposición consiguieron que los socialistas aceptaran la prohibición de incluir en el DNI datos que afecten a la vida privada o al ejercicio de derechos constitucionales de los ciudadanos, como los referentes a la raza, religión, afiliación política o sindical y estado civil. Los socialistas aceptaron también fijar la obligatoriedad del DNI a partir de los 14 años, hasta ahora recogida en normas de rango inferior.

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