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LA POLÉMICA "LEY CORCUERA"

Un tribunal rechaza una orden judicial de registro por no estar motivada

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha declarado la "ineficacia" de una o*rden de entrada y registro otorgada por un juez a la policía. Ell tribunal considera, en una sentencia absolutoria, que -no es suficiénte la petición de la policía, sin mayor "motivación fáctica", para la concesión de la autorización. Conesa orden judicial de registro los agentes irrumpieron en un bar de Valencia para investigar un posible tráfico de estupefacientes. Los funcionarios sólo encontraron en el establecimiento una pequena cantidad de anfetaminas.El ministerio fiscal había solicitado. una condena de dos años y un día de prisión, y un millón de pesetas de multa para el,propietario del bar, el ciudadano guineano Agustín Modu. El tribunal estima, sin embargo, que no existen pruebas suficientes de tráfico de drogas, tanto por la ineficacia de la orden de entrada como por la gran cantidad de personas que había en ese momento en el local, lo que impidió a los agentes determinar quién escondió las anfetaminas en un estante.

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Diligencias indeterminadas

Durante la vista oral, celebrada hace dos semanas, el abogado Julio Sánchez, encargado de la defensa del acusado, solicitó la invalidación de la orden judicial de registro por' haber sido autorizada a través de las denominadas "diligencias penales indeterminadas". En opinión de Julio Sánchez, ese proceso no ofrece las "debidas garantías". El tribunal accedió, durante la propia vista oral, a la solicitud de la defensa.

El acta del juicio especifica que la orden de registro del establecimiento "simplemente expresa como antecedentes de hecho que por la Comisaría de El Patriarca [un sector de la capital valenciana] se solicita mandamiento de entrada y registro de diversos locales y ,domicilios". Esa ausencia de datos más específicos sobre el presunto delito de tráfico de drogas lleva al tribunal a declarar la ineficacia del auto de registro.

El ministro de Interior, José Luis Corcuera, ha justificado en varias ocasiones la reducción dé los supuestos, en los que es necesaria la orden judicial de entrada.

Esta reducción se prevé en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que está debatiéndose en el Congreso de los Diputados. Según Corcuera "algunos jueces" no conceden las correspondientes autorizaciones con la celeridad necesaria.

La Audiencia de Valencia, por el contrario, ha anulado una de estas autorizaciones para llevar a cabo un registro, por considerar que no está,suficientemente motivada.

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