La Asamblea esgrime la metadona ante la droga
Leguina condena el consumo público porque atenta "contra la democracia"
La portavoz de Izquierda. Unida en el Parlamento autónomo, Isabel Vilallonga, lanzó ayer la propuesta de crear la cartilla del drogodependiente para que -"con carácter voluntario"- los adictos a la heroína puedan recibir tratamiento con drogas opiáceas y sus derivados, bajo control médico. "No estamos planteando en estos momentos la legalización del consumo de drogas afirmó Vilallonga, "sino una medida de emergencia amparada en, una norma del Ministerio de Sanidad que, incomprensiblemente, ha caído en el foso del olvido"'. Izquierda Unida cree hay que acabar con la "doble moral y la hipocresía" si no se quiere perder la credibilidad de los ciudadanos.[Entre las sustancias que pueden ser utilizadas en los tratamientos con opiáceos destaca la metadona, que ya reciben unos 2.000 heroinómanos en España. La metadona se utiliza para suprimir el síndome de abstinencia provocado por la heroína, al ser un opiáceo de absorción más lenta y con efectos alucinógenos menos intensos. Además, al ser administrada por vía oral protege a los drogodependientes contra el sida].
En el pleno monográfico sobre la droga y las movilizaciones vecinales que celebró ayer la Cámara madrileña, el portavoz del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, expresó su' frontal oposición a la propuesta de IU salvo como método sustitutivo en una primera fase de desintoxicación: "Me rebelo intelectualmente; la droga no es sólo un problema de orden público: el problema es el drogadicto, y hay que intentar curarlo". El portavoz popular aseguró que, según sus datos, sólo tres presonas habían sido atendidas con eficacia en los tratamientos con metadona.
El presidente de la Comunidad de Madrid, el socialista Joaquín Leguina, esgrimió la "cruda verdad" para rebatir las tesis de Ruiz Gallardón, al recordar que hay adictos que llevan 10 o 15 años enganchados a la heroína, y su rehabilitación es muy difícil sin que puedan recibir otro tipo de ayuda que los sustitutivos del caballo. Un sistema que, en su opinión, puede servir también para "reventar" la oferta de los narcotraficantes.
Internamiento forzoso
Ruiz Gallardón argumentó más tarde que la drogodependencia es una enfermedad: "No hay libertad con drogas en el cerebro, la toxicomanía es una esclavitud". "El drogadicto no es un ser libre, y está justificada la intervención de la sociedad para arbitrar mecanismos de defensa", dijo Ruiz Gallardón para defender el internamiento -"incluso forzoso"- de los drogodependientes en establecimientos de rehabilitación.Leguina salió al paso de esta propuesta. "A nadie se le puede obligar a entrar en un programa de reinserción". El presidente de la Comunidad había escuchado antes en la Asamblea las alabanzas de Ruiz Gallardón hacia el bando contra el consumo público de drogas, dictado desde la alcaldía de Madrid por su compañero de partido José María Álvarez del Manzano. Leguina se acercó a las tesis del alcalde al admitir que la "exhibición" del consumo y de la venta de estupefacientes "hiere a las personas normales". "Hay quien dirá que ocultando un mal no se acaba con ese mal, pero la exhibición también es un mal que pone en cuestión la eficacia de los poderes públicos y del sistema democrático", agregó el presidente regional, antes de afirmar que "la droga produce miedo, pero aún hay un miedo mayor, terrorífico: a la caída en la marginación, el miedo a que la droga toque a una farnilia".
Leguina advirtió de que no hay "soluciones mágicas" contra la droga -"no esperamos milagros de este pleno", había dicho antes el portavoz del Grupo Socialista, Teófilo Serrano-, aunque apostó por seguir "peleando". La represión del comercio "al por mayor y al detall" y la construcción de nuevos centros de atención a drogodependientes (CAD) fueron algunas de las armas que citó Leguina en la lucha contra las drogodependencias.
Otra propuesta de Ruiz Gallardón, que los CAD se instalen en los centros de salud de la Comunidad para prevenir el rechazo de los vecinos, también caerá previsiblemente en saco roto, al no contar con el respaldo de los dos grupos de izquierda de la Asamblea. Al mismo tiempo, el PP postula la creación de una Agencia Antidroga en la Comunidad de Madrid para coordinar las denuncias ciudadanas contra el narcotráfico, y que además se persone como acusación particular en los procesos por tráfico de drogas. El portavoz del PP no se despidió de la tribuna sin dirigir el último ataque a Leguina: "Usted lleva muchos años al frente de la Comunidad: dígame si desde 1983 la situación de la droga en Madrid es mejor, igual o peor".
Juez antidroga
Izquierda Unida fue la primera en presentar una batería de propuestas de resoluciones para su votación en el pleno de esta tarde. Entre otras iniciativas, la coalición reclama la creación de un juez único contra la droga para la comunidad autónoma. "Queremos que en Madrid haya magistrados que apoyen la actuación de jueces como Baltasar Garzón", explicó Vilallonga.La próxima semana, Leguina, Álvarez del Manzano y Segismundo Crespo, delegado del Gobierno en Madrid, se reunirán por primera vez para analizar los problemas derivados de la droga. Leguina propugna la creación de una comisión regional permanente contra la droga, así como de un grupo de trabajo en el que se integren, además de las instituciones, jueces y fiscales, asociaciones de vecinos y representantes de las iglesias y las universidades.
"Chantaje"
Los partidos piden que los realojamientos no creen guetos
Esta mano tendida por el presidente de la Comunidad a la negociación con los vecinos chocó, sin embargo, con la intransigencia de Izquierda Unida. "No podemos aceptar el chantaje bajo la presión de lo irracional", acusó veladamente Isabel Vilallonga al sector de vecinos que ha protestado contra el asentamiento de 88 familias gitanas en el distrito de Villaverde. Vilallonga anunció que, si se detienen los realojamientos en ese barrio, el estallido social se trasladará a San Blas o Vicálvaro, donde se encuentran los núcleos chabolistas que se pretende desmantelar. La portavoz de IU anunció que su grupo recurrirá a los tribunales si se incumplen los acuerdos del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginal.
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