Una encuesta del CIS revela un apoyo del 79% a la penalización del consumo público de drogas

El 79% de los españoles desearía que se endureciera el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para penalizar el consumo de droga en lugares públicos, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), utilizada por el Ministerio del Interior para medir el grado de respuesta social al polémico proyecto y venderlo a los parlamentarios socialistas. La misma encuesta revela que el 43% de los españoles piensa que la futura Ley de Seguridad Ciudadana, al menos en algunos casos, "podría suponer un recorte de las libertades ciudadanas reconocidas en la Constitución", mientras que un 31% no ve tal posibilidad y un 25% no sabe o no contesta.

Algunos expertos consideran que estos datos podrían estar desvirtuado en alguna medida por el hecho de que un 45% de los 2.500 encuestados admite no tener conocimiento del proyecto. Los datos se reflejan en un macrosondeo del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) realizado en julio pasado y presenta como uno de sus resultados más significativos que el 79% de los consultados, en sintonía con las propuestas del PP, desearía endurecer el proyecto y penalizar -no sólo sancionar- el consumo de droga en lugares públicos. Un 11% se pronuncia en contra, un 2% se declara indiferentes y el 8% no saben o no contestan.En julio pasado, el CIS realizó un macrosondeo que contenía diversas preguntas sobre el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Hasta el momento, el Gobierno rehusaba facilitar sus resultados bajo el argumento de que, al juzgar sus conclusiones favorables para el polémico texto, se podría interpretar que quería arrojar a la opinión pública sobre la oposición. En este sentido, el pasado día 12, en el acto del Día de la Hispanidad., el presidente del Gobierno, Felipe González, insinuaba su confianza en función de estos sondeos en relación con el debate sobre esta ley: "Si quisiéramos, tocaríamos el tan-tan y ganaríamos este debate por 9 a 1". El ministro del Interior, José Luis Corcura, por su parte, añadía: "Ésta es una ley más controvertida en determinados sectores sociales que en el conjunto de la sociedad. Tengo el convencimiento, de que hay un enorme porcentaje de ciudadanos que quieren que se dote a la policía de mejores instrumentos para combatir mejor los delitos". El sondeo del CIS en el que el Gobierno basaba tales convicciones ratifica algunas de estas conclusiones, pero desmiente o matiza otras.

La primera pregunta del sondeo, en relación con este proyecto, se formula así: "Otro de los temas de los que se está hablando en estos días es el proyecto de seguridad ciudadana que ha preparado el Gobierno. ¿Tiene conocimiento de este tema?". El 53% responde que sí; el 45%, que no, y un 2% se adscribe al "no sabe, no contesta". Como el resto de las preguntas, se realiza sobre todos los encuestados, incluidos los que admiten no tener conocimiento del proyecto, algunos sociólogos creen que esto puede desvirtuar las siguientes respuestas.

La encuesta plantea si "para mejorar la eficacia de la policía en la protección de la seguridad ciudadana es necesario reformar la legislación actual o, por el contrario, la policía cuenta con medios legales para cumplir eficazmente con su labor". El 54% cree que "es necesaria una reforma", un 15% estima que "existen medios suficientes", un 6% duda y un 25% no .sabe o no contesta.

Identificación

"La capacidad de la policía para conducir a la comisaría a personas indocumentadas para su identificación" obtiene un apoyo del 46% de los encuestados, apenas seis puntos por encima de quientes están en contra: (40%). El resto se reparte entre los indiferentes (3%) y el no sabe, no contesta (11%).Un 54% de los encuestados aprueba 1a posibilidad de que la policía entre en domicilios particulares sin necesidad de autorización judicial si tiene conocimiento de que se está cometiendo un delito le narcotráfico", frente a un 34% que lo rechaza. El resto lo integran los indiferentes (2%) y el "no sabe, no contesta" (10%).

Con la aprobación de esta ley, disminuiría "mucho" la inseguridad ciudadana" para un 7% de los encuestados, "bastante" para un 29% y "poco" para un 23%. Para un 22% de los consultados, este problema "seguiría como hasta ahora", y un 19% no sabe o no contesta.

Finalmente, acerca de si la ley "podría suponer un recorte de las libertades reconocidas en la Constitución", un 32% responde un sí rotundo, y un 11%, que "en algunos casos"; mientras que un 31% tiene claro que no mermará sus derechos y un 26% se apunta al "no sabe, no contesta".