200 constitucionalistas expresan su preocupación por la 'ley Corcuera'
La Asociación de Ciencia Política y Derecho Constitucional, integrada por más de 40 catedráticos de ambas disciplinas -de los que unos 200 asistieron al congreso clausurado ayer en Valladolid-, acordó en asamblea, por unanimidad, "mostrar su preocupación ante el texto actual del proyecto de ley de seguridad ciudadana" e incluirlo como tema de debate del próximo congreso.
Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III, señaló en su conferencia de clausura que el principio de las mayorías "no convierte lo injusto en justo". Peces-Barba, promotor de otra inciativa para mejorar la llamada ley Corcuera, no se refirió a ésta en su conferencia de ayer sobre el principio de las mayorías desde la perspectiva de un filósofo del Derecho. Sin embargo, fue tajante cuando, citando a Norberto Bobbio, señaló que los valores morales incorporados a la Constitución "no son modificables por las mayorías" y "están fuera del regateo político" y cuando advirtió que hay una serie de principios morales incorporados a la Constitución que convierten en "inválidas jurídicamente" las normas que se le opongan, que serán anuladas y declaradas inconstitucionales.
La última jornada del octavo congreso de la Asociación de Ciencia Política y Derecho Constitucional estuvo teñida por la preocupación sobre la ley Corcuera ya expresada en los pasillos en anteriores Jornadas y materializada ayer en un acuerdo unánime que muestra la inquietud de los máximos expertos en el tema por el texto remitido por el Gobierno.
Problemas reglamentarios internos impidieron someter a votación un documento más detallado de rechazo del proyecto de ley, elaborado por Jorge de Esteban y presentado ayer, en su ausencia, por Miguel Ángel Aparicio.
En la jornada de clausura, el catedrático Miguel Ángel Aparicio leyó un documento suscrito por 10 catedráticos que pide la retirada o profunda modificación del proyecto de ley, por poner en riesgo nuestro sistema democrático (véase EL PAIS de ayer). El magistrado del Tribunal Constitucional Luis López Guerra abandonó la reunión cuando Aparicio comenzó a explicar que la ley Corcuera afecta a la vida política y constitucional y a la convivencia, por lo que los profesionales de la ciencia política y el Derecho Constitucional debían pronunciarse sobre ella.
