La 'reforma del siglo' para proteger la infancia entra en vigor en Inglaterra

Una nueva legislación para la protección de la infancia, considerada por el Gobierno como "la reforma más fundamental de este siglo", y que cubre todos los aspectos de la vida de los niños, desde su cuidado cotidiano a su situación en caso de divorcio, entró en vigor el pasado lunes en Inglaterra y País de Gales. La base de la nueva filosofía, contenida ya en el Children Act 1989 (ley de la Infancia), que reside en la afirmación de que "el bienestar del niño es prioritario", sienta el principio según el cual el niño debe, en la medida de lo posible, ser primeramente educado en la propia familia.

Por primera vez, la ley de la infancia reagrupa toda la legislación sobre la infancia- guarda, protección y educación-, que será aplicada por tribunales especiales con jueces cualificados, especialmente formados durante dos años. En todo caso, la ley estipula que la justicia no debe intervenir como autoridad más que en último extremo, si el niño está en peligro o si una conciliación amistosa entre los padres es imposible.

Los padres casados tienen, de ahora en adelante, una responsabilidad común sobre el niño, también en caso de divorcio. No habrá más tutela para uno y derecho de visita para otro, sino una simple decisión sobre el lugar donde el niño va a vivir, que puede alternarse.

Las madres no casadas ejercen la autoridad parental, pero el padre no casado puede pedirla, por acuerdo mutuo o decisión de la justicia.

En situación de extrema urgencia, las autoridades pueden retirar al niño del hogar por un periodo de ocho días, ampliables en una semana, contra los 28 días del sistema anterior. El niño puede ser retirado del hogar por ocho días o enviarle al mismo la supervisión de los servicios sociales, si se sospecha, por ejemplo, de malos tratos. La nueva ley reconoce el derecho de los abuelos u otros miembros de la familia a intervenir en el caso judicial en interés del niño.

Los niños han ganado el derecho a ser escuchados antes de toda decisión judicial, y el magistrado debe tomar en consideración sus propios deseos.