Recibir señales
Uno de los grandes camblio: producidos en la manera de hacer política de los últimos año: es la utilización masiva y sistemática de las encuestas de opinión como guía de la acción de gobierno. A través de esa vía s( pretende conocer cuál es la reacción de la población, en general o de parte de ella, ante hechos, decisiones o políticas que se han producido o que querer promoverse.La política sigue en ese campo la larga experiencia en investigación de mercados del sector privado. Y también los Gobiernos, como las empresas, utilizan específicas políticas de comunicación como mecanismo de respuesta a esas mediciones de las percepciones populares que les brindan los estudios de opinión.
De alguna manera se pretende contrarrestar así la falta de información fiable sobre los resultados de la acción de gobierno entre elección y elección. Actualmente una empresa puede conocer a diario su evolución de ventas, su penetración en el mercado, su avance o retroceso. Fluede medir pequeñas variaciones en su estrategia de ventas y modificar el rumbo si es necesario. El gobernante y su partido, que entienden que su programa político es el idóneo, y cuya pretensión legítima es permanecer en el poder, han encontrado en las encuestas de opinión y sus porcentajes una especie de espejo termómetro constante en el que mirarse, sin esa sensación de vacío, de falta de retorno que implica el ir gobernando sin saber si lo que hace es bien recibido o no. Y, encontrarte luego, en la decisiva hora electoral, sin dato alguno que llevarte a la boca.
En toda esta tramoya faltan cosas esenciales. Se ha avanzado en la medición de percepciones. Poco o nada se ha hecho sobre la evaluación de los resultados de la acción de gobierno. En cambio, resulta de sentido común desear saber si lo que programa el Gobierno obtiene o no, o en qué medida los resultados o el impacto deseado. Si impulsas un programa de alfabetización de adultos esperas aumentar el número de personas que sepan leer, o su disponibilidad para hacerlo. Si aumentas la cuantía de las multas de tráfico probablemente esperas reducir el número de accidentes. Agravar las penas por delitos de abuso sexual a menores sin duda pretende reducir la realización de tales actos. Si realizas una campaña contra el uso de drogas entre la población juvenil, ello debería poderse medir al cabo de un cierto tiempo.
En la noción de política, sea cual sea el nivel de la administración que la impulse, está implícita la existencia de unos objetivos sobre cuyo grado de cumplimiento, de éxito o fracaso, debería juzgarse. Sin duda existen muchas opiniones o percepciones al respecto. Pero las meras opiniones no pueden ser suficientes. Deben estar reforzadas con hechos, con análisis, con indicadores cuantitativos y cualitativos. Puede parecer sorprendente, pero lo cierto es que la administración pública española, tanto central como autonómica o local, no tiene mecanismos establecidos y fiables de medición de resultados, de evaluación sobre las políticas que impulsan. Los que gobiernan, pueden saber con detalle qué opinan sobre sus actuaciones, sobre sus políticas este sector de la población o aquel otro. Pero, en general, no disponen de datos fiables sobre el efecto que producen esas mismas políticas en la realidad social que pretenden mejorar.
Si aplicásemos el esquema empresarial a la actividad de las administraciones públicas la cosa sería grave. Probablemente nos parecería alucinante que una empresa no tuviera ni idea de si los productos que elabora sirven o no para lo que está previsto, o que no tuviera el más mínimo servicio posventa, con lo cual no aprovecharía para nada las evidentes ventajas de saber dónde y cómo fallan sus productos y cómo mejorarlos. Pero las administraciones públicas no son empresas.
La estructura administrativa del país no está pensada tanto para hacer cosas como para que las pocas cosas que haga se realicen conforme a un conjunto de reglas formalmente establecido y sobre el que los afectados tengan mecanismos de defensa a través de la vía judicial. Pero lo que servía antes no sirve hoy. O, mejor dicho, resulta insuficiente. Se ha pasado de la subsidiariedad a la exigencia constitucional de intervenir para hacer que la libertad y la igualdad sean efectivas. Nuestras administraciones públicas son hoy esencialmente un conjunto de actividades de control y regulación, de prestación de servicios y de negociación entre intereses contrapuestos que gestionan alrededor del 44% del PIB. Pero su estructuración interna, sus reglas de funcionamiento y sus mecanismos de control sólo están pensados para la función reguladora, y casan muy mal con el resto de funciones que se le exigen. Hasta el punto de que muchos gestores públicos afirman que las administraciones públicas funcionan porque no funcionan como está previsto que lo hagan.
¿Qué señales reciben los gobernantes decisores políticos sobre la efectiva realización de sus programas de actuación?, ¿qué señales reciben de lo que está pasando? Esencialmente, las que proceden de las encuestas de opinión. Porque el resto de información que proporcionan los canales reglamentarios sólo les dice si se ha gastado el presupuesto o no de la forma prevista, y cuántas actuaciones de la administración han sido objeto de recurso ante los tribunales. Lo demás se lo han de trabajar por su cuenta. Saliendo de sus despachos, inaugurando y escuchando comentarios, organizando contactos informales con este o aquel sector, o inventándose números de teléfono mágicos, como el 010 barcelonés.
Evaluar políticas no es controlar la gestión de las mismas. Las dos cosas son importantes, y en las dos resultan totalmente insuficientes los mecanismos de intervención actual. Evaluar políticas implica voluntad de aprender. Implica abrir el debate sobre si lo que se hace se debe hacer y si debe hacerse de la manera como se hace. Recibiendo señales, por tanto, también de los usuarios, de aquellos que contribuyen con su esfuerzo fiscal al sostenimiento del gasto público.
Evaluar una política es formarse un juicio de valor sobre la misma, y para ello resulta necesario, como acaba de proponerse en el Reino Unido, que se conozcan los objetivos y se divulguen los rendimientos. No puede continuarse sosteniendo una visión de la administración basada en el tríptico mandato obediencia-control. En sociedades evolucionadas como la nuestra, es hora de intentar decidir con conocimiento de causa y movilizando el apoyo necesario para conseguir lo que se quiere. Y ello es probablemente tan importante como trabajar para mantener el crecimiento económico del país. En esa línea, la evaluación es un anna necesaria para poder decidir con algo más que con encuestas de opinión sobre lo que se hace y lo que se quiere hacer. Lo decía Michel Rocard, en carta de julio de 1988 dirigida al responsable de evaluar los efectos del establecimiento del salario social de inserción, cuando, tras afirmar que a partir de entonces el Gobierno francés quería otorgar una importancia particular a la evaluación de políticas públicas, decía que ello iba en la línea de mejorar "los instrumentos de inteligencia política del país". Y nosotros, que lo veamos.
