Felipe González advierte que los jueces "no tienen patente de corso"
Felipe González defendió ayer el derecho del Gobierno a criticar las resoluciones de los jueces, advirtiendo que éstos "no tienen patente de corso", y les responsabilizó de parte de los problemas de inseguridad generados por el narcotráfico, pidiendo que "cada palo aguante su vela". El jefe del Gobierno consideró "desafortunada" la expresión de su ministro del Interior, José Luis Corcuera, quien dijo en el Congreso tener poco respeto por algunos jueces, pero compartió el fondo de sus críticas.
En el curso de una conversación informal con periodistas, durante la recepción celebrada en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, Felipe González justificó los preceptos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana y las críticas realizadas hacia algunos jueces por el ministro José Luis Corcuera. Aunque admitió que, en el 95% de los casos, los jueces autorizan las solicitudes de registro presentadas por la Policía, se dolió de determinadas actitudes que en su opinión entorpecen la lucha contra el narcotráfico.En concreto, aseguró que las Fuerzas de Seguridad esperan desde hace meses autorización judicial para registrar domicilios. utilizados como centro de distribución de drogas en el poblado de Pies Negros (Madrid) y que está pendiente de los tribunales desde hace año y medio la expulsión del denominado clan de los peruanos, al que calificó de indeseable. Remontándose a 1986, recordó la pugna que mantuvo con la Audiencia Nacional en tomo al destino del narcotraficante Jorge Luis Ochoa, reclamado por Estados Unidos y Colombia, que por decisión judicial y contra el criterio del Gobierno se saldó con la entrega a éste último país, donde inmediatamente consiguió la libertad.
Dentro de una línea argumental destinada a exigir "que cada palo aguante su vela" en la lucha contra el narcotráfico, González exoneró a su Gobierno de la responsabilidad de haber despenalizado el consumo de drogas ya que, según explicó, fue la jurisprudencia del Tribunal Supremo entre 1971 y 1974, aún con Franco vivo, la que produjo dicha despenalización, que la reforma del Código Penal no hizo sino legalizar.
El presidente se dolió de los recelos que provoca en los medios de comunicación cualquier reforzamiento de los instrumentos policiales, que atribuyó a una "falta de legitimidad social" de las Fuerzas de Seguridad del Estado, producto de "coniplejos sicológicos" originarios del franquismo. A continuación, insistió en que las medidas contenidas en la ley de Seguridad Ciudadana figuran en las legislaciones de la mayoría de los países europeos, que muchas veces van más lejos que el proyecto del Gobierno, ya que "el sistema español está muy judicializado y eso no tiene marcha atrás". A modo de ejemplo, señaló que el Ejecutivo francés puede intervenir 1.200 teléfonos sin autorización judicial, lo que es "imperisable" en España.
Ley de Comunicaciones
Las declaraciones de González estuvieron cuajadas de metáforas de significado equívoco. "Si quisiéramos", dijo en un momento de la conversación refiriéndose a la polémica sobre la ley de Seguridad Ciudadana, "tocaríamos el tam-tam. y ganaríamos este debate por 9 a 1 ". No obstante, aseguró que el Gobierno no es partidario de tocar el tam-tam, sino de realizar un debate "serio y sosegado". De sus palabras parecía deducirse la existencia de encuestas que reflejan un amplio apoyo ciudadano a reforzar los instrumentos legales de la Policía.A preguntas de los periodistas, admitió que la expresión utilizada por Corcuera, quien manifestó su poco respeto por algunos jueces", era "desafortunada", ya que podía haberse limitado a expresar su discrepancia con los mismos, pero minimizó este hecho y se encogió de hombres cuando se le preguntó si el ministro debía rectificar.
Antes de entrar en esta polémica el presidente pidió a los periodistas que leyeran el Convenio de Ginebra de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ratificado por las Cortes en enero de 1982. Según explicó el subsecretario del Ministerio del Portavoz, Miguel Gil, dicho convenio recoge el compromiso de prohibir la interceptación y difusión de comunicaciones, que el Gobierno incluyó en la reforma de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones aprobada el viernes. El acuerdo internacional no señala, sin embargo, las sanciones a imponer por incumplir dicha prohibición que, según el proyecto del Gobierno, pueden llegar al cierre del medio de comunicación afectado, "en los casos más graves". González, por su parte, dijo que el Gobierno se olvidó de recoger lo previsto en el convenio de Ginebra cuando redactó la LOT, en 1987, y que ha preferido esperar a que una directiva comunitaria le obligara a revisar la ley para introducir la prohibición.
Varios cientos de altos cargos y autoridades asistieron ayer a la recepción ofrecida por los Reyes, entre ellas, el presidente del Partido Popular, José Maria Aznar, quien en ningún momento llegó a encontrarse en la misma sala que Felipe González, quien dijo no tener inconveniente pero tampoco especial interés en saludarlo. Estuvieron presentes seis presidentes autonómicos -Jordi Pujol (Cataluña), Manuel Fraga (Galicia), Jerónimo Saavedra (Canarias), José Bono (CastillaLa Mancha), Antón Cañellas (Baleares) y Juan José Lucas (Castilla y León). No acudieron sin embargo al desfile previo, ya que desde hace varios años no se les invita al mismo, para evitar que alguno decline la invitación.
En el desfile de ayer participaron un total de 1.350 soldados de los tres ejércitos y la Guardia Civil, más del doble que el año pasado, en lo que parece el inicio de la recuperación de los actos públicos castrenses, que se habían ido reduciéndo a la mínima expresión en los últimos años. Entre los que desfilaron estaban algunos de los marineros que participaron en el bloqueo a Irak durante la guerra del Golfo y de los paracaidistas que fueron al Kurdistán.
La parada militar fue presidida por los Reyes, el príncipe Felipe y las tres infantas y a la misma asistieron todos los miembros del Gobierno, salvo los ministros de Economía, Carlos Solchaga, y de Transportes y Obras Públicas, José Borrell. El titular de Interior, José Luis Corcuera fue saludado efusivamente por varios viandantes, sobre todo mujeres.
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